Emergencia alimentaria: ¿qué significa y qué implica para el gobierno de Macri?

Sociedad 05 de septiembre de 2019
Distintas organizaciones continúan los reclamos en varias provincias argentinas. La última vez que se aplicó la ley de Emergencia Alimentaria fue en el 2001.
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Exigida por la oposición desde el 2017, la ley de Emergencia Alimentaria se convirtió en el reclamo más prioritario al Gobierno ante la crisis desatada por la corrida cambiaria post-PASO. Los representantes políticos, organismos sociales e instituciones alertan por el crecimiento de la pobreza y la superpoblación de niños y padres en los comedores comunitarios.

La última vez que se aplicó en el país fue a raíz de la crisis del 2001 y duró hasta el día 31 de diciembre de 2002. En concreto, la Ley propone la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como instrumento para garantizar la alimentación de la población más vulnerable, menor de 16 años. De este modo, se incrementan las partidas presupuestarias para merenderos y comedores comunitarios, y se contempla una distribución de 10 mil millones de pesos para fortalecer la asistencia.

Durante los últimos días, en diferentes provincias argentinas se realizaron medidas de fuerza por organizaciones como Barrios de Pie Somos, CCC y CTEP, las cuales, en Buenos Aires, instalaron una carpa frente al Congreso con la idea de permanecer en el lugar hasta que se sancione la ley de emergencia alimentaria.

El gobierno de Mauricio Macri se resiste a aprobar la ley de Emergencia Alimentaria con el argumento de que sus alcances ya están contemplados dentro de la Ley de Emergencia Social que el Congreso aprobó en diciembre de 2016. Según el INDEC, la pobreza afecta al 46,8% de los menores de 14 años y el 14,5% de los chicos pasaron hambre en el último año.

Además, un informe difundido el pasado lunes 26 de agosto por la Universidad Católica Argentina asegura que cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes bonaerenses se alimentan en comedores comunitarios, la mayoría en las escuelas, y que los niños del Gran Buenos Aires presentan grandes desventajas en materia de seguridad alimentaria frente al promedio nacional, ya que el 7,8% de ellos no consume ningún nutriente esencial.

Los datos se potencian con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que detalla cómo el gobierno devaluó políticas sociales dirigidas a los menores, con recortes a la AUH, el Plan Qunita, Conectar Igualdad y la provisión de vacunas.

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