Por su historia de vida, un joven deberá recibir asistencia del Estado

Justicia 04 de octubre de 2019
El adolescente de 17 años fue acusado por el delito de amenazas, luego de ser denunciado por su pareja, de 18. Por ello fue alojado en el Centro de Atención de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, pero su defensa apeló la resolución del Juzgado de Menores.
adolescente que amenzó a su novia
Foto ilustrativa

A la hora de resolver este recurso, el juez Eduardo Barrionuevo, vocal de la Sala III del Tribunal de Impugnación, dijo que le asiste razón a la defensa cuando manifiesta que el joven no puede ser responsabilizado por la historia de vida de su progenitor, y que también es cierto que la carga de su historia de vida le exige al Estado brindarle todos los medios a fin de que pueda superar las vivencias, duelos y situaciones que la violencia engendró en su vida desde temprana edad.

Hace unos años, el padre, que actualmente se encuentra detenido, había sido condenado por el homicidio de la madre del menor, quien luego de ese episodio fue criado por los padres de su progenitora.

En el fallo, el juez de alzada dijo que no se puede desconocer que el hecho denunciado encuadra en el contexto de violencia de género, y por lo tanto hay deber de Estado en proteger a la denunciante. Pero tan cierto como ello es que, siendo el imputado un adolescente que se encuentra amparado por la Convención sobre Derechos del Niño, el mismo Estado deberá agotar los extremos para que esa protección lo sea con la menor injerencia posible en sus vínculos familiares.

Tuvo en cuenta que el adolescente se encuentra en tratamiento psicológico, que no existen indicadores de adicción y que se encuentra contenido en el vínculo familiar materno, que se adaptó a procesos de socialización dentro del Centro donde se encontraba alojado, que adquirió destrezas para superar conflictos sin violencia, que continúa con proyectos de escolarización que se vieron debilitados por su internación, entre otros indicadores que llevaron al juez de alzada a disponer el egreso del joven bajo el cuidado de su abuelo.

Surgió también de lo informado por los profesionales intervinientes, que ya no resulta ni conveniente ni necesaria la medida de privación de libertad, ya que es de esperar que el aprendizaje de lo vivido permita al joven reestablecer modos saludables de interacción social.

Así, Barrionuevo decidió ordenar el egreso del menor del Centro de Atención de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, y le impuso la obligación de residir en el domicilio de su abuelo materno, y no podrá mudarse del mismo sin tener autorización judicial. Además deberá obedecer a su abuelo y continuar el tratamiento psicológico que viene realizando.

Por otra parte, el menor tiene prohibido mantener contacto con la denunciante y su entorno sociofamiliar, o acercarse a ella en un radio de 300 metros, a su domicilio o a los lugares a los que asiste habitualmente. Deberá continuar además con sus estudios en el colegio secundario.

Por otra parte, se ordenó implantar una consigna policial en el domicilio de la denunciante, mediante rondas periódicas durante el día, y fija durante la noche.

La Secretaría de la Niñez y la Familia deberá abordar mediante alguno de sus programas, la problemática del adolescente, a los fines de efectivizar su derecho a completar su desarrollo en un ambiente saludable y adquirir las herramientas necesarias para un proyecto de vida pleno.

 

 

 

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