El fiscal pidió al juez Dubois que indague a Romero por el delito de supuesto fraude

Justicia 25 de octubre de 2011
El fiscal Penal 1, Eduardo Barrionuevo, pidió que se cite a indagatoria al ex gobernador Juan Carlos Romero en la causa que se le sigue por el delito de "fraude a la Administración Pública en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

La situación de Romero frente a las siete causas penales que tiene en contra por maniobras fraudulentas que derivaron en la apropiación de tierras del Estado durante sus doce años de gestión al frente de la Provincia, se vio afectada en los últimos días cuando los jueces Román y Pancio, en dos ocasiones, resolvieron revocar la decisión de los jueces penales 4 y 7, Antonio Pastrana y Raúl Sosa Vallejos, que habían adoptado a fin de brindar privilegios e inmunidades que no le correspondían.

Los jueces Pastrana, Sosa Vallejos y también, Martín Pérez, éste último de Formal 1, dispusieron que la investigación penal contra Romero sea encuadrada como una "información sumaria", recurso que está previsto en el artículo 185 del Código Procesal Penal de Salta y está dirigido a los legisladores provinciales.

De esta manera, esos jueces impidieron que el ex gobernador sea citado a prestar declaración indagatoria.

Esta situación hizo que la investigación penal del ex gobernador Romero por los supuestos hechos de corrupción que le permitieron incrementar el patrimonio inmobiliario de su familia, pierda potencia, sin contar que en una primera instancia, la Corte de Justicia, hizo su parte a dispersar las causas en tres juzgados, siendo otra movida funcional a Romero, según se comentó.

La causa

Tiene que ver con la compra que el Gobierno de Romero hizo de tres inmuebles a la empresa Mercado SRL, en junio del año 2005.

El primero de ellos, la firma lo adquirió por 954 mil pesos y 6 días después se lo vendió a la Provincia por más de 2 millones. En función de ello, la fiscal Penal, Emma Puente, promovió acción penal por "fraude en perjuicio de la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", contra Romero, Walter Wayar, Fernando Yarade, Javier David, Víctor Manuel Brizuela.

También había realizado lo propio contra las escribanas Carolina Dellmans Pacheco y Laura Inés Wayar, los responsables de la sociedad y cualquier otro funcionario que hubiera intervenido en las transacciones.

Fuente: Nuevo Diario de Salta

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