El cobro del estacionamiento medido está en el ojo de la tormenta, salteños conductores buscan alternativas en calles poco transitadas y pasajes dónde dejar sus autos mientras van a trabajar, ahora mientras el Ejecutivo Municipal busca modernizar el sistema y darle transparencia, aduciendo que es el estacionamiento más caro del país, los permisionarios se resisten.
Según un informe realizado por InformateSalta, en los últimos cuatro años el estacionamiento medido aumentó un 2000%, sin contraprestación alguna, ya que no se brindan garantías sobre el cuidado de los vehículos.
En el 2020, el estacionamiento costaba 20$ y en el 2021 pasó a costar 30$, en medio de audiencias y reclamos en el 2022 pegó el primer salto y pasó a costar 50 pesos, fue aquí cuando hubo un acalorado debate en el Concejo Deliberante donde se supo que en aquel momento había registrados 700 permisionarios, cifra que hasta la fecha se estima aumentó.
En el 2023 se registraron varias subas de 50 pesos a 130 inicialmente, pero los permisionarios aseguraron que por falta de billetes de baja nominación no podían dar cambio y se redondeó a 150. Luego sufrió otro incremento, hacia los 360 pesos, pero bajo la misma modalidad, el 2024 inició con un estacionamiento de 400 pesos.
Ante un contexto económico y social complejo, desde la Municipalidad buscan disociar el precio de la Unidad Tributaria ya que se aprobó un incremento de impuestos y eso desembocaría en nuevos aumentos para el estacionamiento.
Los salteños consultados consideraron muy elevado el costo sumado a que es un pago a cambio de ninguna contraprestación. Indagando en la página de la Municipalidad de Salta, se observa que entre las obligaciones de los permisionarios únicamente figura:
- El cobro
- La emisión de la boleta
- La no designación de otro cobrador que no esté autorizado
- Exhibir la credencial.
El año pasado, InformateSalta consultó a Guillermo Durand Cornejo, conocedor de los derechos del consumidor sobre las obligaciones y responsabilidades en este sector y la respuesta fue, “es pagar por el uso del espacio municipal”, y consideró que la labor del permisionario es “meramente una cuestión social”.
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