Fue funcionaria del Frente de Todos y Cambiemos, militó para Massa y hoy es el brazo legal de Sandra Pettovello

Apoco más de un mes de tomar las riendas de la megacartera de Capital Humano, Sandra Pettovello incorporó a su lado a una figura con una trayectoria tan firme como sinuosa. Desde el 23 de enero, Leila Gianni es la subsecretaria de Legales y una pieza clave en la investigaciones que el ministerio puso en marcha contra la anterior administración por presuntas irregularidades.

Gianni es abogada y tiene 39 años. Una curiosidad: formó parte de la gestión del Frente de Todos y la de Cambiemos en un área que dependía de la Jefatura de Gabinete. Antes de sellar su desembarco en Capital Humano, militó para Sergio Massa, el candidato presidencial de Unión por la Patria en las últimas elecciones. Ahora es quien lleva adelante las denuncias de los libertarios por supuestas irregularidades en las gestiones pasadas.

Militante de Aires, el espacio político que tiene como referente al exministerio de Ambiente Juan Cabandié, Gianni trabaja en el Estado desde 2008. Primero lo hizo dentro de la Anses como asesora legal. Luego pasó a ocupar un cargo en la exsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en 2012, dependiente de la jefatura de Gabinete hasta su jerarquización como ministerio en 2019.

En el ínterin, Gianni fue designada como asesora legal especializada dentro de la secretaría en mayo de 2015, cargo en el que permaneció durante la gestión de Cambiemos. “La heredamos”, recordó un funcionario con paso por el área.

Leila Gianni

Durante la gestión de Cabandie al frente del ministerio de Ambiente, Gianni fue nombrada directora de Proyectos Ambientales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, donde hacía tareas de inspección y monitoreo de obras. “Eran cuestiones más propias de un arquitecto”, rememoró un funcionario de perfil técnico, con trato frecuente por aquel entonces.

Bajo el gobierno de Alberto Fernández, Gianni recaló en el Ministerio de Justicia. En noviembre de 2020 fue nombrada Coordinadora de Asuntos Jurídicos en el Centro Internacional para la promoción de los Derechos Humanos, según consta en el Boletín Oficial. La resolución llevabas la firmas de Santiago Cafiero, jefe de gabinete en el primer tramo de gestión, y de la exministra de Justicia Marcela Losardo.

Tal como consignó el portal Data Clave, Gianni fue una ferviente militante de Massa en su carrera por la presidencia. En octubre, en la antesala de las elecciones generales, subió a sus redes sociales una foto del entonces candidato y ministro de Economía junto con el siguiente mensaje: “No hay imposibles para Dios. Con la Virgen de Luján a tu lado, futuro Presidente. Fuerza compañero Sergio Massa”.

En la Capital, repartió boletas de Leandro Santoro, el candidato de Unión por la Patria en suelo porteño y en noviembre, de cara al balotaje, llamó a llenar las urnas de “esperanza” con la boleta de Massa. Gianni borró todo registro de su militancia digital.

Leila Gianni (de rojo) militando la candidatura de Leandro Santoro en la Ciudad

Ahora, Gianni supo hacerse un lugar en el armado libertario. Hoy, está al frente de la Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, detrás del ingeniero Maximiliano Keczeli, jefe del área.

En su nuevo cargo, impulsó una serie de investigaciones que recaen contra la anterior gestión. Estuvo, por ejemplo, detrás de la denuncia que el Gobierno hizo ante la Justicia por los viajes al exterior de miles de beneficiarios del exPotenciar Trabajo. Como resultado de un cruce de datos, Gianni concluyó que entre marzo de 2020 y diciembre e 2023 hubo más de 120.000 titulares del programa que figuraban en los registros migratorios.

Otro de sus tareas como subsecretaria estuvo ligada a la denuncia que el Ministerio de Capital Humano presentó en la Justicia en marzo de este año por irregularidades en la compra de medicamentos contra la anterior gestión.

Como resultado de la presentación de Gianni, el juez Julián Ercolini investiga los delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por un presunta compra de medicamentos oncológicos con sobreprecios durante la gestión de Alberto Fernández. /LaNación