Familiares dicen que el Protocolo Antipiquetes garantiza la impunidad

El protocolo de seguridad, anunciado por la ministra Bullrich y aceptado por los gobernadores, entre ellos Urtubey, es un cheque en blanco para la represión en manos de las fuerzas de seguridad. En primer lugar exige que se avise los propósitos y la modalidad de la lucha. Segundo, las fuerzas de seguridad decidirán ellas si es correcto el método, independiente de la magnitud del reclamo; tercero restringe la libertad de prensa, limitando la capacidad de los periodistas de registrar los operativos, ya que se le asignara un corralito para su tarea.

Esto garantiza la impunidad de las fuerzas represivas, cuando sin los medios de prensa no se hubieran conocido lo sucedido en el asesinato de Mariano Ferreyra, ni en el de Kostequi y Santillán. El protocolo quiere asegurarse que el periodismo no transmita en vivo las represiones y su arbitrariedad. 

Tercero, no prohíbe expresamente el uso de armas de fuego. Con este protocolo el pueblo que lucha pagará nuevamente con su sangre, su derecho a protestar. 

Pero este proceso comenzó con los K, recordemos que Cristina ya había anunciando que reglamentaría el derecho a la protesta. La ley antiterrorista y el proyecto X también fueron usados para golpear las luchas populares.

Nuestra Comisión de Familiares Contra la Impunidad marcha hace 261 viernes en la Plaza 9 de Julio, porque entendemos que solo con la lucha conquistaremos la verdad y la justicia para nuestros hijos. Defendemos el derecho del pueblo a protestar contra todas las injusticias y la impunidad, rechazamos este protocolo, exigimos su derogación y también la contravencional represiva de Urtubey.

Fuente: El Acople Informativo