Justicia02/03/2017

Acusan a un Comandante de Gendarmería por liberar presos bolivianos

El fiscal penal Cazón denunció a un comandante de Gendarmería. Lo acusa de haber falsificado un oficio en beneficio de un hombre buscado por un juez. Creen que en Salvador Mazza se facilita la fuga de personas con pedidos de captura.

El fiscal penal con jurisdicción en Profesor Salvador Mazza y en el Chaco salteño, Armando Jorge Cazón, formalizó una denuncia penal en la Justicia Federal de Orán contra el comandante Gustavo Manuel Aranda, quien presta servicios en el estratégico Escuadrón 61 "Salvador Mazza".

Cazón en su denuncia acusa al alto oficial de haber falsificado un oficio suyo y por haber intentado involucrarlo en la irregular liberación de un ciudadano boliviano que tenía pedido de captura ordenado por un magistrado de la provincia de Buenos Aires.

A pesar de la orden judicial de detención, el ciudadano de apellido Mamaní ingresó al país por el paso internacional Salvador Mazza - Pocitos, pero nunca fue detenido para ser puesto a disposición del magistrado que lo requería.

Si bien la situación aparece como muy confusa por el hermetismo que rodea la causa, lo único certero es que la denuncia de Cazón contra el comandante encargado del Área de Resguardo fue confirmada a diario El Tribuno por parte del fiscal federal de Orán, José Luis Bruno.

Sin brindar precisiones, Bruno se limitó a confirmar que "la denuncia existe pero estamos en plena etapa de investigación", expresó ante la consulta de este medio.

Sigue la investigación

Sin ahondar en detalles y sin dar nombres del oficial de Gendarmería Nacional denunciado por Cazón, Bruno solo confirmó que "el doctor Cazón interpuso una denuncia por un tema relacionado con una consulta y en este momento estamos investigando y tratando de verificar qué fue lo que sucedió. El tema está referido a la consulta realizada por un oficial de Gendarmería Nacional por una persona que habría ingresado a nuestro país y que tenía un pedido de captura; aparentemente el doctor Cazón dio una directiva pero lo que se asentó fue otra cosa. Por tal motivo, estamos en pleno proceso de investigación, hemos requerido alguna información al ámbito de la Provincia respecto de algunas actuaciones pero no puedo mencionar ni el nombre ni el cargo del oficial de Gendarmería que sería quien realizó la consulta al doctor Cazón que, en definitiva, dio lugar a esta denuncia", explicó Bruno.

Los hechos

La situación que terminó en una denuncia penal de Cazón contra el comandante Aranda, encargado del Área de Resguardo -el control exhaustivo que la fuerza federal realiza de las personas que ingresan y egresan de nuestro país junto a la Dirección Nacional de Migraciones- se habría producido cuando Cazón recibió una llamada telefónica de alguien que se identificaba como efectivo de la Gendarmería Nacional, informándole que en el paso internacional se encontraba un ciudadano de nacionalidad boliviana de apellido Mamaní -cuyo apodo sería "Tuco"-, quien pretendía ingresar hacia territorio nacional por el paso internacional Salvador Mazza- Pocitos.

El sujeto tenía un pedido de captura ordenado por un magistrado de la provincia de Buenos Aires, por lo que -de haber sucedido- la consulta por parte de Gendarmería a Cazón no tenía ninguna lógica. El protocolo de las fuerzas de seguridad indica algo que es de sentido común: la persona sobre la que recae un pedido de captura debe ser detenida y puesta a disposición del juez que lo requiera sin consultar a ningún otro magistrado de otra jurisdicción, como Cazón.

Lo cierto es que a Mamaní -lejos de ser detenido- se le permitió el ingreso a la Argentina y hasta el momento su paradero es desconocido.

Cuarenta casos

Fuentes consultadas por este medio manifestaron que ese tipo de consultas a Cazón y a otros magistrados del ámbito de la Justicia penal provincial eran frecuentes por parte de los gendarmes, lo que genera aún más confusión sobre el tema. Indicaron que en los últimos meses al menos 40 personas que tenían pedido de captura en nuestro país, no solo no fueron detenidas en la frontera norte, sino que ingresaron nuevamente y, como sucedió con Mamaní, se desconocen sus paraderos.

A consecuencia de ese curioso accionar de los gendarmes, pidiéndole a Cazón opinión o autorización para liberar al sospechoso, fue que el agente fiscal de Salvador Mazza habría enviado un oficio al Escuadrón 61 de Salvador Mazza requiriéndole que todas las consultas se las hicieran por escrito y no vía telefónica, oficio que fue recibido por Aranda. Pero por circunstancias aún más confusas todavía, el oficio de Cazón habría sido cambiado por otro en el que se adulteraron frases, fecha de recepción, entre otros datos fundamentales.

Lo cierto es que Cazón -ante la gravedad de los hechos, algunos de los cuales no tomaron estado público- formalizó la denuncia en la Justicia Federal para que se eche luz sobre un tema que hasta el momento aparece como confuso pero, a la vez y de comprobarse, en extremo delicado: el ingreso de personas sospechosas de cometer delito que tienen pedido de captura pero que siguen ingresando a nuestro país a pesar de ser detectadas en el paso internacional.

El fiscal penal Cazón, consultado por El Tribuno, solo confirmó la denuncia radicada en el ámbito federal "para que se investigue hasta las últimas consecuencias", manifestó. Y se excusó de brindar más detalles sobre el tema.