Detenciones "por sospecha" y abuso policial: ¿Qué es el amicus curiae presentado en la Corte?

La discusión por las detenciones contravencionales volvió a ocupar el centro del debate judicial en Salta. En ese marco, la Corte de Justicia analiza un habeas corpus colectivo presentado por el Centro Comunitario ALFA y la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, que denuncia detenciones arbitrarias y condiciones indignas de encierro. A la acción se sumó un amicus curiae impulsado por la Mesa de Derechos Humanos de Salta, con el aporte de abogados independientes, entre ellos Agustín Colque.

En diálogo con InformateSalta, Colque explicó que el amicus curiae es una herramienta procesal que permite a personas u organizaciones ajenas a una causa judicial aportar una opinión técnica fundada para colaborar con el tribunal en decisiones de interés público. “No son parte del litigio, pero pueden ilustrar a los jueces con argumentos que tal vez no fueron considerados por las partes”, señaló.

El abogado recordó que esta figura ya tuvo un rol clave en debates trascendentes del país, como la discusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el fallo sobre educación religiosa en las escuelas públicas de Salta.

"Se detiene sin orden judicial, sin juicio previo y sin cumplir los estándares mínimos que exige la Constitución"

En este caso puntual, el amicus busca aportar elementos jurídicos para que la Corte evalúe el alcance de las detenciones policiales realizadas sin orden judicial, basadas únicamente en presunciones. “Estamos hablando de libertades básicas, de la libertad personal, del trato digno y del principio de inocencia”, afirmó Colque.

Uno de los ejes centrales del planteo es la impugnación del marco legal que habilita a la Policía a demorar personas solo por suponer que podrían cometer una contravención. “No existen parámetros claros ni controles posteriores. Se detiene sin orden judicial, sin juicio previo y sin cumplir los estándares mínimos que exige la Constitución”, explicó.

Según Colque, estas prácticas afectan principalmente a personas pobres, en situación de calle y a integrantes del colectivo travesti trans, pero advirtió que el alcance del problema es mucho más amplio. “Hay una falsa idea de que esto nunca le va a pasar a quien cree estar fuera de esos grupos. La realidad es que le puede pasar a cualquiera, simplemente por un prejuicio del agente policial”, sostuvo.

"La realidad es que le puede pasar a cualquiera, simplemente por un prejuicio del agente policial"

En ese sentido, el abogado introdujo el concepto de “identicidio”, utilizado en el amicus para describir prácticas estatales que niegan o anulan determinadas identidades. “No se trata solo de identidad de género. También alcanza a sectores populares, a personas racializadas o que viven en barrios estigmatizados. Son prácticas que buscan disciplinar y excluir”, explicó.

Colque remarcó que las detenciones cuestionadas no cumplen con los estándares establecidos por la Constitución Nacional ni por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. “Ni siquiera se respetan los requisitos mínimos de la prisión preventiva. Se está privando de la libertad a personas que jurídicamente son inocentes”, señaló.

"Se está privando de la libertad a personas que jurídicamente son inocentes"

El abogado también mencionó como caso paradigmático la detención de Álvaro Arias Camacho, abogado del Centro ALFA, quien fue arrestado por intervenir en defensa de su esposa mientras filmaba un operativo policial. “No estaba obstruyendo el procedimiento. Aun así, ambos fueron detenidos, incomunicados y sometidos a tratos degradantes”, relató, y agregó que la liberación se produjo solo tras una fuerte presión de organismos de derechos humanos.

Sobre el alcance del fallo que deberá dictar la Corte de Justicia, Colque explicó que el tribunal puede hacer lugar o no al habeas corpus y que, si bien no puede modificar directamente la ley por una cuestión de división de poderes, sí puede enviar un mensaje claro al sistema político. “Los fallos también tienen un impacto social. Sirven para marcar límites y para que la ciudadanía conozca y defienda sus derechos”, afirmó.

Finalmente, subrayó la importancia de que la justicia incorpore los argumentos de los amicus curiae en su decisión. “No solo se trata de resolver un caso concreto. Se trata de revisar prácticas sistemáticas que ponen en riesgo derechos fundamentales y que no pueden naturalizarse en una sociedad democrática”, concluyó.