Quedó trunco el proyecto anti barras en la Cámara de Diputados

Luego de que la palabra "mamarracho" sobrevolara el debate varias veces mientras los legisladores trataban sin éxito de ponerse de acuerdo sobre los cambios que le harían al proyecto, el diputado del bloque Evolución Martín Lousteau presentó una moción para que la iniciativa volviera a comisiones, la cual fue aprobada con 115 votos a favor, 84 en contra y dos abstenciones. 

El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso se había aprobado en genera con 201 votos a favor y 3 abstenciones pero se empantanó cerca de las 22:00, durante el tratamiento particular, donde las distintas bancas no lograron ponerse de acuerdo, indicó Ámbito. 

Después de casi dos horas de discusión sobre las modificaciones, los legisladores iban por el décimo artículo de los 44 que tiene el proyecto, sin lograr ponerse de acuerdo respecto de la redacción de ese punto, referido a la tenencia de entradas apócrifas para partidos de fútbol. 

El proyecto establece penas de prisión de uno a tres años para la tenencia venta y distribución de entradas falsas y esto abrió una polémica debido a la posibilidad de que una persona pudiera comprar de buena fe una entrada sin saber que es apócrifa y terminara yendo presa. 

El hecho se vio motivado también por la decisión del Senado, anunciada durante la tarde, de no votar el proyecto en la sesión de este miércoles y postergarlo hasta febrero, con lo que la sanción definitiva de la ley quedó para 2019. 

Los diputados no llegaron siquiera a discutir el artículo en el que se preveía introducir el cambio más importante, es que era el establecimiento de la incompatibilidad entre el ejercicio de la función pública y y el desempeño en la comisión directiva de un club. 

Durante la sesión, la oficialista Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación General, destacó que la iniciativa "no va destinada a los violentos" sino "a la sociedad en general que quiere disfrutar de un partido de fútbol sin violencia". 

Burgos destacó entre las modificaciones que ya se la habían hecho al proyecto en los días previos la incorporación de medidas preventivas, como la creación de una base de datos donde "estén asentadas aquellas personas que están imputadas y procesadas" por delitos en espectáculos deportivos. 

El proyecto plantea incrementar en un tercio las penas mínimas y máximas prevista en el Código Penal para delitos como para delitos homicidio, lesiones, robo, bloqueo de calles o intimidación pública, cuando sean cometidos en oportunidad de un espectáculo deportivo. 

Se establece una pena de dos a seis años de prisión para quien introduzca al estadio, guarde o porte armas blancas, artefactos químicos, pirotecnia, bengalas y químicos asfixiantes.  También una pena de cuatro a ocho años de cárcel para el que introdujere o guardare armas de fuego o artefactos explosivos sin la debida autorización, entre otros puntos.