Sosa le dijo al juez que saneó el terreno de Baradero con “8.000 camionadas de tierra”
El abogado Raymundo Sosa aseguró en su indagatoria ante el juez Federico Diez, que saneó el terreno de la ex boroquímica Baradero. Los informes técnicos demuestran que esas tierras siguen contaminadas
Sosa declaró que en el lugar “se volcaron ocho mil camionadas de tierra nueva, tras lo cual recién lo vendió a la provincia”, y que por ello, invirtió la suma de 200 mil pesos.
Negó que Juan Carlos Romero esté implicado en la maniobra, aunque no pudo rechazar que era su abogado particular, tanto antes como después de esta operación.
La citación de Sosa fue dispuesta y cursada por orden del juez, Federico Diez, quien investiga al letrado como uno de los integrantes principales de una asociación ilícita conducida por Romero, y dedicada a negociados con tierras del estado.
Tras la indagatoria, la fiscalía pidió al juzgado del Transición 4, a cargo del caso, la realización de una serie de pericias científicas, las cuales seguramente pondrán en serios problemas al abogado Sosa, pues el propio Romero nunca hizo uso de esas tierras tras autorizar el sobreprecio de 420 mil pesos por esas cuatro hectáreas, en el sur de la ciudad.
La razón de ello gira en el hecho de que el terreno es inservible, lo que no sólo se aprecia visiblemente al pasar por el lugar, donde no crece ninguna clase de hierba, sea invierno o verano. Esto, sin embargo, no sólo está corroborado por los vecinos y con la simple exploración del lugar, sino con estudios científicos.
Informes
Al respecto, cabe señalar que en el expediente se encuentra un informe del 25 de julio de 1997 de la ex Dirección de Medio Ambiente de la Provincia y Secretaría de Minería, en el que se reportó que en dicho terreno se observaron “graves limitaciones para el uso del suelo para la instalación de parques y jardines debido a un alto contenido de sales y valores muy altos de boro soluble”.
El mismo año en que Sosa le vendió ese terreno a la Provincia, en junio de 2000, el INTA concluyó la existencia en dicho predio de boro y de una contaminación gradual. Dos años después, ya celebrada la venta de esas tierras, un informe del Programa de Toxicología y Salud Ambiental, estableció que los “terrenos no son aptos para el desarrollo de actividades humanas o agropecuarias”.
Este informe no sólo echa por tierra, valga la paradoja, lo declarado por Sosa al sostener que saneó el terreno antes de vendérselo a la Provincia, pues esto no fue confirmado por un estudio realizado por el mismo gobierno de Romero, sino que compromete al ex gobernador, dado que en ningún momento reclamó, denunció, ni vetó la compra de un terreno inútil.
Ahora, a catorce años de ésta supuesta estafa emblemática en la gestión romerista, el juzgado ordenará una serie de estudios científicos al Cuerpo de Investigaciones Fiscales a fin de poder establecer el estado de estos terrenos, los cuales se encuentran contaminados con ácidos dañinos para el medio ambiente.
En el juzgado dan por descontado los resultados que puedan obtenerse en los estudios científicos, pues actualmente el CIF cuenta con suficientes recursos técnicos para determinar el daño ambiental en esa propiedad, cuyo perjuicio está probado por el solo hecho de que nunca Romero, pese a comprar el terreno para construir viviendas sociales, edificó nada en ese lugar.
Esto, para el juzgado, es una clara prueba de que la operación en realidad sólo fue para beneficiar exclusivamente a Sosa, quien hasta ese momento y posteriormente tuvo una función clave en otras operaciones fraudulentas a costa de tierras del estado.
“No aptos para viviendas”
El interventor del Instituto Provincial de Viviendas, Matías Posadas, aseguró que esos terrenos no son aptos para la construcción de viviendas. Explicó que las tierras "han mejorado por el paso del tiempo por una cuestión natural, pero no están saneadas. Tienen remoción de escombros, pero eso no tiene nada que ver con el saneamiento del terreno que significa un tratamiento puntual de las tierras".
"Esperamos que las investigaciones avancen rápidamente para determinar las responsabilidades de cada uno, tanto de funcionarios de esa época como de los intermediarios que se beneficiaron con la compra-venta de estos terrenos”, agregó Posadas.
Fuente: Nuevo Diario de Salta