San Lorenzo: La auditoría a la gestión del ex intendente Kila Gonza arrojó graves irregularidades
Según informó el Ministerio Público Fiscal el estudio de control concluyó la inexistencia de un sistema de control interno; de indicadores de gestión en orden a la evolución de los recursos, su seguimiento y control, entre otros.
El ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Kila Gonza, fue imputado por defraudación a la administración pública, junto a quien fue su secretario de Hacienda, y su hermano, un ex concejal. La auditoría realizada por el actual mandatario de ese municipio arrojó graves irregularidades.
La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la denuncia radicada por el actual intendente de San Lorenzo, José Manuel Arias Saravia, en la que precisó que dispuso la realización de una auditoría externa de la gestión llevada adelante por Gonza.
El informe final de auditoría del 9 de marzo de 2020, comprendió los ejercicios presupuestarios de los períodos 2018-2019 y se pudo determinar diversas observaciones, como la inexistencia de un sistema de control interno; de indicadores de gestión en orden a la evolución de los recursos, su seguimiento y control, y el incumplimiento de las normas vigentes en materia de compra de bienes y contratación de servicios.
Evidenció una falta de control sobre los bienes adquiridos y servicios contratados y el incumplimiento de normas contables, financieras y presupuestarias, entre otras. Al efectuarse la observación general por rubros, también hubo inconsistencias determinadas en gastos de combustibles, reparación de vehículos, compras de repuestos y alquiler de bienes.
Se identificaron retiros de dinero en efectivo que eran autorizados por el Intendente y el Secretario de Hacienda y surge que ante un requerimiento del Banco Macro y conforme lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera, se debía informar el destino de los fondos durante el trimestre abril, mayo y junio de 2019, por la suma de $11.514.135. Al realizar el relevamiento de dichos fondos, las extracciones referidas no se registraron en el sistema informático.
En cuanto a los ingresos tributarios, se detectó un supuesto en el que la tasa de construcción estaba impaga por falta de ingreso efectivo del dinero, pero con situación regularizada en el sistema tributario municipal. Particularmente se pudo establecer que el 31 de agosto de 2018 ingresó en concepto de derecho de construcción un importe de $2.252.860 que fue abonado con cheques de pago diferido y que al momento de su depósito, eran retirados por las personas autorizadas por el Intendente y luego se entregaba el comprobante. Sin embargo, surge que solo se depositó un cheque el 31 de octubre de 2018 que fue rechazado por falta de fondos y que figura pagado en el sistema.
Así también se determinó la existencia de programas nacionales de asistencia social, con recepción de fondos en una cuenta del Banco Nación, de los cuales no existe uniformidad e integralidad en la información y documentación obrante en las oficinas administrativas de la Municipalidad con los extractos bancarios de dicha cuenta, tales como el “Programa de integración socio comunitaria”, “Acciones para la provisión de tierras para el hábitat social” y “Convenios de cooperación”, en los que no se efectuaron las ejecuciones correspondientes.
Por último, se pudo establecer la existencia de un sistema paralelo al formal con montos de entregas en efectivo para los periodos auditados que ascienden a la suma de $828.950 para el período 2018 y de $3.328.139 para el 2019. Sin embargo, se pudo establecer que de esos montos, la suma de $3.701.724, fue retirada por Rogelio Guaymás, en su carácter de Secretario de Hacienda entre 2017 y 2019 y de $539.215, retirados por Aldo Gonza, en su carácter de Concejal y hermano del Intendente.