Registro Civil: Los acusados cobraban 6 veces más que el arancel oficial por trámites
El allanamiento a las oficinas del Registro Civil, ocurrido ayer, destapó un escándalo por la venta de documentos oficiales de forma irregular. Ahora la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas, oficializó la acusación contra 4 empleados del organismo y un permisionario. Según la investigación cobraran 6 veces más que el arancel oficial por los trámites.
Los empleados están acusados de fraude en perjuicio de la administración pública y concusión -en un número indeterminado de hechos-, en concurso real y en calidad de coautores también fueron imputados provisionalmente por el delito de asociación ilícita en concurso real y a título de autores.
Según la reconstrucción del caso, el permisionario era el encargado de captar en la vía pública, a un número indeterminado de personas y les solicitaba dinero, para que a través de funcionarios del Registro Civil ubicado en Almirante Brown 160, se realice el trámite de obtención de actas de ese organismo.
Los empleados abusando de la función desempeñada como funcionarios públicos expidieron instrumentos del Registro Civil con la leyenda “trámite oficial”. Todo ello, sin abonar los tributos para el trámite, lo que generó un importante perjuicio patrimonial a la Hacienda Provincial.
La fiscal también los imputó provisionalmente por el delito de asociación ilícita en concurso real y a título de autores, por haber formado parte de una organización con división de tareas, con permanencia y de manera organizada, encaminados a cometer indeterminados hechos ilícitos en contra de la Administración Pública Provincial-
La intervención de la justicia inició a partir de la denuncia de una funcionaria del Registro Civil, quien tomó conocimiento que personas desconocidas se estarían beneficiando con la venta no autorizada de actas de nacimiento, matrimonio y otra documentación. Además, los documentos se comercializaban en negocios no autorizados, colindantes al edificio del Registro Civil.
Una fotocopiadora fue uno de los comercios apuntados y a su vez, habría cobrado una tasa, cuando el acta que se entrega podría estar siendo proporcionada por personal del Registro Civil con sello de trámite oficial (es decir, un trámite sin arancel) o con un valor menor al cobrado. A la investigación se agregó la denuncia radicada el 25 de marzo pasado, por la directora General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, María Verónica Saicha Ibáñez.
En algunos de los casos advertidos durante la investigación, por ejemplo, una mujer pagó $1500 (mil quinientos pesos) por dos actas de nacimiento, cuando el costo real de la expedición de los actas online de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio y otras, tienen un costo de $ 250 (doscientos cincuenta pesos); y de $ 117,17 (ciento diecisiete con diecisiete centavos pesos) cuando se tramitan en forma presencial.
Según se advirtió de las tareas de vigilancia desplegadas por la División de Investigaciones y Criminología del CIF, en promedio, en un día de vigilancia, el permisionario entregó de 10 a 15 actas, a un costo de 520 pesos cada una.