Solicitan que un Fiscal Penal de Salvador Mazza sea removido del cargo

El fiscal Eduardo Sylvester acusó ante la Corte N°1 al fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, por mal desempeño y solicitó que se inicie el proceso a fin de que sea removido del cargo y se lo inhabilite para ocupar cargos públicos.

La acusación que incentiva el pedido de jury se basa en seis hechos vinculados al mal desempeño por demoras en casos de abusos sexual, de violencia de género, irregularidades en el manejo de dinero secuestrado, órdenes en causas de otras provincias y coacción a gendarmes e inoperancia e ineficacia procesal en un robo con armas, además de un juicio político solicitado anteriormente y diversas sanciones y sumarios que posee el acusado.

Sobre la demora en casos de abusos sexuales. La madre de una niña de 15 años con retraso madurativo denunció un hecho de abuso, que tuvo como testigo a una hermana y que fue amenazada por el agresor. La denuncia fue puesta en conocimiento del fiscal Cazón el 30 de marzo de 2017. A pesar de lo grave de la denuncia realizada, el fiscal no realizó ninguna medida hasta el 29 de abril de 2019, más de dos años después, cuando promovió la acción penal porque el acusado fue detenido en la vía pública.

El 15 de mayo de 2017, los padres de otra menor radicaron una denuncia en la propia Fiscalía de Salvador Mazza, contra un profesor de su hija. El fiscal ordenó en principio la realización de una Cámara Gesell y requirió informe al médico legal de la policía, pero no adoptó medida alguna a fin de avanzar en la investigación hasta más de un año más tarde, el 24 de octubre de 2018, cuando solicitó la detención del presunto acusado.

Por los casos de violencia de género: En un expediente por violencia, abusos y privación ilegítima de la libertad, el fiscal Cazón llegó a un acuerdo con la defensa para solicitar juicio abreviado a favor del imputado por los delitos. En los días previos al acuerdo, la mujer víctima de los delitos denunció que la llamó un número desconocido diciendo ser el Fiscal y dando a entender que si tenía sexo con él o le daba dinero, el imputado iba a seguir preso. Además comentó que un familiar del imputado le dijo que nunca iba a estar preso porque le pagaba al Fiscal.

La denuncia fue publicada por el canal VideoTar de Tartagal, por lo cual Cazón pidió derecho a réplica y fue convocado al canal para una entrevista durante la cual discutió con la periodista Mabel Carrizo que lo denunció por violencia de género. La jueza de Violencia Familiar y de Género de Tartagal consideró que la situación encuadraba como un supuesto de violencia de género e intimó al fiscal a abstenerse de ejercer tales actos y realizar capacitación sobre las temáticas de género y violencia contra las mujeres.

Irregularidades en el manejo de dinero secuestrado. En al menos dos causas por tenencia de estupefacientes, Cazón no cumplió la ley 7838 que lo obliga a hacer el depósito del dinero secuestrado en una cuenta bancaria. Se constató que el fiscal se negaba a recibir los secuestros, lo que obligaba a los policías a tenerlos en un armario sin registro alguno.

Órdenes en causas de otras provincias y coacción a gendarmes. En al menos ocho casos en los que Gendarmería o Migraciones realizaban controles fronterizos se detuvo a ciudadanos con pedido de captura de otras provincias. Al no poder contactarse con los juzgados respectivos, consultaron a Cazón quien no reconoció su incompetencia y falta de jurisdicción para estos casos. Decidiendo por su propia voluntad poner en libertad a los detenidos.

En un primero momento los gendarmes que intervinieron relataron que el fiscal dio las ordenes de libertad, pero luego cambiaron su testimonio alegando errores involuntarios al citar al fiscal. En un tercer momento los gendarmes citaron bajo juramento que fue el fiscal quien dio las órdenes y que su cambio de versión fue producto de un contacto telefónico de Cazón que los presionaba para modificar sus dichos.

Inoperancia e ineficacia procesal en un robo con armas. Un hombre junto a su esposa y dos hijas charlaba en su camioneta con un amigo en Salvador Mazza cuándo tres personas los apuntaron con armas de fuego, amenazaron y robaron la camioneta.

Los jueces al momento de dictar sentencia calificaron la investigación de Cazón como “deficiente, paupérrima e ineficaz” ya que no se hizo una rueda de reconocimiento, desgravación de cámaras de seguridad, croquis ilustrativos, reconstrucción del hecho, examen de teléfonos ni descripción del arma.

Además señalaron que Cazón dejó vencer todos los plazos legales para pruebas, lo que generó que el Tribunal no pudo valorar el contexto ni valorar pruebas. Cazón al acusar, no mencionó la utilización de armas de fuego relatadas por las víctimas e imputo a un tercero sin ninguna prueba y respecto a otro imputado requirió una pena menor a la del mínimo legal sin justificación.

Juicio político anterior, sanciones y sumarios. Las irregularidades en el manejo de los expedientes e idoneidad del fiscal Cazón constituyen una conducta reiterada según Sylvester.

En 2106 se pidió juicio político contra el fiscal por la desastrosa investigación en el caso de violación a una niña wichi.

En 2.017, el ex Procurador General, aplicó a Cazón una multa del 15% de su remuneración por no haber producido avances en la investigación en un conflicto gremial en la Municipalidad de Salvador Mazza a pesar de haber recibido 28 denuncias.

En 2.019, se aplicaron al fiscal Cazón sanciones de suspensión por 20 días y multa del 20% de su sueldo. En las actuaciones se comprobó que; el fiscal Cazón a pesar de encontrarse de licencia continuó ejerciendo funciones, reiteradas inobservancias en 21 casos a los plazos fijados en el Código Procesal Penal, lo que provocó el cierre definitivo del proceso o la libertad del imputado, otras siete causas en las que se comprobaron demoras injustificadas en el desarrollo de la investigación, 18 causas con incumplimiento en la motivación de los requerimientos fiscales, desorden del Fiscal en las actuaciones bajo su custodia.

Se encuentra en trámite ante las Fiscalías de Impugnación cuatro sumarios administrativos dispuestos por Procuración General y numerosas denuncias en contra del Fiscal en cuestión.

El fiscal Eduardo Sylvester, expresó que “aún cuando la cantidad de irregularidades graves en el proceder del fiscal Cazón es enorme, acuso sólo por los hechos que pueden corroborarse fácilmente con prueba incorporada en expedientes judiciales y administrativos”. Y considero que el mal desempeño del fiscal penal Jorge Armando Cazón es causal suficiente para que se inicie el proceso de juicio político y se lo remueva del cargo de Fiscal de Salvador Mazza, inhabilitándolo de por vida para ocupar cargos públicos.