Imputados por violar la cuarentena en Jujuy entregaron casi 6 millones de pesos

Unas 90 personas que fueron imputadas por violar la cuarentena en la provincia de Jujuy entregaron cerca de 6 millones de pesos a unas 100 entidades públicas e instituciones sin fines de lucro.

Así lo confirmó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien dio a conocer las medidas dictadas en el marco de alternativas de resolución de conflicto postuladas por la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, a cargo de Federico Zurueta.

Desde el comienzo de la pandemia se celebraron más de 90 acuerdos de reparación ofrecidos por personas imputadas por violaciones a las restricciones impuestas mediante Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional.

De este modo se recaudaron, 5.967.256 pesos que fueron entregados a casi 100 entidades públicas e instituciones sin fines de lucro de Jujuy.

El fiscal Zurueta sostuvo que las violaciones al artículo 205 del Código Penal, que tramitaron ante la Unidad Fiscal, "configuraron supuestos menores con escasa afectación al bien jurídico y por ende ameritaban la consideración por parte de la fiscalía de una solución del conflicto alternativa a la pena como sanción penal". 

Es por ello que se logró la donación, como reparación, de estas sumas de dinero que fueron destinadas a diecinueve hospitales y once puestos de salud, establecimientos educativos, cuarteles de bomberos voluntarios, organismos de municipales y hogares que albergan a jóvenes y ancianos, en distintos puntos de la provincia de Jujuy.

También se efectuaron donaciones a asociaciones civiles, fundaciones sin fines de lucro, comedores y merenderos, centros vecinales y escuelas, en su mayoría, de zonas rurales.

"Más allá de la materia procesal de cada caso, debo destacar las herramientas que brinda el nuevo Código Procesal, ya que a través de las mismas se pudo armonizar reparaciones muy importantes no sólo por el monto alcanzado, sino también por la extensión del beneficio hacia la comunidad", dijo el fiscal.

Y agregó: "Esta tarea es también una función de los representantes del MPF, que no debe limitarse solamente a perseguir la imposición de una pena en los casos que corresponde, sino también a evaluar en qué casos es preferible una reparación, la cual puede significar de gran ayuda para distintas instituciones que, casualmente, necesitan ese aporte para ayudar a la comunidad en distintas áreas como también en lo social". (NA)