La justicia tiene en la mira a salteños que decían salir de pesca pero se dedicaban a violar niñas wichis

"Nos vamos al Chaco a chinitear un rato". "Son ellas las que los buscan a los hombres". "En la cultura de ellas, las que proponen son las mujeres". Esas y tantas otras expresiones descalificantes hacia las niñas originarias han sido por años motivo de chanzas entre pobladores que residen en localidades del Chaco salteño.

Esas expresiones no eran solo chistes de pésimo gusto, eran una realidad porque muchos de los hombres que los fines de semana se juntaban en grupos con la excusa de salir de pesca al río Bermejo o al Pilcomayo, o criollos que viven en la misma zona, lo que en realidad hacían era ir de cacería, pero de los seres humanos más vulnerables: nenas originarias de 12 o 13 años de edad a las que violaban con total impunidad y a sabiendas de que nadie les reclamaría por el delito que estaban cometiendo.

De regreso a sus pueblos de orígenes quienes perpetraban estos hechos seguían siendo vecinos comunes; comerciantes, esposos y padres cuya única diversión -según sus familias- era salir con amigos al campo muy de vez en cuando. De hecho que los que cometían estas atrocidades eran los menos, pero los más -los que conocían de estos hechos- lo tenían naturalizado de tal manera que a nadie se le ocurría ni siquiera cuestionarlos; por el contrario, eran motivo de chistes y de expresiones como las que inician esta crónica.

Pero felizmente pareciera ser que esa horrenda práctica, tan incorporada en la costumbre popular que tenía como víctima a las nenas originarias, no solo que quedará de lado sino que a los protagonistas se les dará la calificación que siempre debieron tener. Los hombres que abusaron de esas niñas pasarán a ser violadores y "las chinas", como despectivamente se las identificaba a las nenas y adolescentes originarias, inocentes víctimas de violación. Pero aún más: los niños nacidos de esos abusos sexuales podrán reclamar su derecho de filiación porque sus mamás saben quienes abusaron de ellas, ya que como actuaban con tanta impunidad ni siquiera se cuidaban de que sus víctimas no los reconocieran.

Demandas

"Yo tengo 3 chicos; el mayor tiene 15 años y me quedé embarazada cuando yo tenía 12 años. Él después volvió varias veces más. Yo no estuve con ningún otro hombre, todos mis hijos son suyos; pero nunca vino a preguntarme si necesitaba algo". El testimonio es conmovedor y pertenece a una chica wichí que reside en una de las tantas comunidades ubicadas a la vera de la ruta 81. Pero no fue la única, fueron otras 9 chicas que contaron, con mucho temor, lo que les había pasado siendo nenas; pero también revelaron con nombre y apellido quienes fueron los abusadores que las embarazaron.

El trabajo, que quedará en los anales de la historia de la Justicia norteña por la importancia que el mismo reviste, se inició en comunidades originarias wichis ubicadas a la vera de la ruta nacional 81 y fue una iniciativa del defensor oficial con jurisdicción en el municipio de Embarcación, el Dr. Luis Vélez, quien con un equipo de profesionales llegó al lugar para dar el primer paso: entrevistarse con las víctimas de estos delitos que se perpetraron por décadas y que seguramente también tuvieron décadas atrás como víctimas inocentes a sus madres y a sus abuelas, cuando eran niñas o apenas entraban a la adolescencia.

"Inicialmente -relató Vélez- las chicas que iban a darnos su declaración eran 25 y las localizamos por el gran trabajo que hizo la dirigente originaria Octorina Zamora. Pero cuando llegamos a la escuela de la localidad de Pluma de Pato se acercaron una o dos. Ahí nos enteramos que los mismos pobladores, tanto criollos como aborígenes, habían comentado que íbamos a llegar y sabemos que a las chicas que iban a denunciar las fueron a ver y las amenazaron, les dijeron que le iban a meter presos a todos sus maridos si decían algo, y que después los hombres que viven en Morillo se iban a vengar de ellas".

Como las denunciantes no aparecían los funcionarios del Ministerio Público fiscal fueron a las comunidades y allí consiguieron los testimonios. "Como defensor oficial lo que quiero hacer es avanzar con el tema de los derechos de filiación, es decir que los padres biológicos de estos adolescentes, niños, bebés se hagan cargo de la crianza y mantención de estos chicos. Pero a la vez estamos corriendo vista a la fiscal penal Lorena Martínez para que actué en consecuencia, porque estamos hablando de abusos sexuales en perjuicio de estas mujeres de diferentes edades. Confiamos en que cuando las originarias que fueron víctimas vean cómo avanzan las cosas, de que nadie va a meter presos a sus maridos ni habrá represalias para ellas, ni que las amenazas tendrán asidero, muchas más se animarán a denunciar estos hechos" explicó Vélez.

Conocen a sus violadores

Dentro del equipo que se desplazó hacia la zona de Pluma del Pato estaba la licenciada en psicología Ana Evangelina Sandoval, quien consideró que “estamos destapando una olla a presión porque esta práctica era conocida por muchos que viven en la zona, pero nunca hubo denuncias ni actuaciones de la Justicia. Al entrevistar a las originarias nos dimos cuenta de que la mayoría conoce a sus agresores, porque viven en el pueblo, en lugares cercanos, son hombres que por razones laborales o de distracción frecuentan las comunidades. Esto que hasta hace poco era casi un chiste entre hombres que se hacían cargadas por ir a tener relaciones con niñas originarias, de chiste no tiene nada. Es un delito y por tanto vamos a comenzar por ponerle nombre a los protagonistas y a los hechos”, precisó.

Los testimonios de las mujeres que se animaron en esta ocasión fueron contundentes y hablan de qué manera fueron sometidas por quienes se creían impunes. Muchas contaron que cuando les proponían las relaciones, ellas se resistían. “No hablan de violación tal cual nosotros la entendemos, pero el relato de los hechos no deja lugar a dudas: fueron violadas, quedaron embarazadas siendo niñas y nadie se hizo cargo de ellas”, expresó la profesional.

Vélez, por su parte, explicó que lo que siga en materia penal lo tramitará la fiscal Lorena Martínez, “pero creo que estamos dando un gran paso por los derechos de las mujeres originarias y de los niños que nacieron a partir de estos hechos” dijo. /El Tribuno Salta