Obra pública: tras el pedido de condena, cuál es futuro de la causa y cómo sigue la situación judicial de Cristina Kirchner

 El impacto político que dejó el alegato de los fiscales en el juicio de la obra pública durará varios días. Por primera vez, Cristina Kirchner fue acusada en un juicio oral por un caso de corrupción. Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión para la expresidenta y su inhabilitación perpetua. Ahora es el turno de los jueces. Aunque la condenen, la sentencia debe quedar firme y ser ratificada primero por la Cámara de Casación y después por la Corte Suprema. Para eso falta mucho.

Teniendo en cuenta los tiempos del proceso y de la propia justicia, eso no ocurriría en el período electoral de 2023, con lo cual Cristina Kirchner podría presentarse nuevamente como candidata.

La Cámara de Casación suele tomarse varios meses para resolver las apelaciones. En el caso de “La ruta del dinero K”, donde Lázaro Báez fue condenado a 12 años de cárcel, la misma pena que pidieron los fiscales para CFK en el juicio de Vialidad, ya pasó un año y medio y recién se estima que podría haber novedades el próximo mes. Algo similar ocurre en la causa Hotesur y Los Sauces: el sobreseimiento de Cristina Kirchner y el resto de los acusados, votado por mayoría por el Tribunal Oral Federal 5, recién comenzará a debatirse en noviembre de este año.

Los acusados pueden hablar en esa audiencia. Cristina Kirchner ya lo hizo ante los mismos jueces en la causa dólar futuro, en la que Casación confirmó su sobreseimiento. Pero el mismo tribunal tiene otra audiencia con la Vicepresidenta. Es en la causa por la firma del Memorándum con Irán, en la que fue sobreseída. Será el próximo 29 de septiembre a instancia de la apelación de la Fiscalía y de las querellas que pidieron que se haga el juicio.

Si Cristina Kirchner es condenada por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz y esa sentencia queda firme, su situación cambiará. El Código Electoral Nacional establece en su artículo tres que quedarán excluidos del padrón “los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias quedaren inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos”. Y la ley de partidos políticos fija en su artículo 33 que “no podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios” quienes estén “excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes”.

Ese escenario difícilmente ocurra durante el proceso electoral del año próximo. Sin embargo, el kirchnerismo lanzó en los últimos días una ofensiva contra la Justicia y habló de “proscripción”. Hasta el presidente Alberto Fernández salió a decir ayer que hay “una persecución judicial y mediática” y que “ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidente ha sido probado”.

 Si la condena queda firme luego de las elecciones y la ex mandataria sigue ejerciendo algún cargo público, se deberá abrir un juicio político de destitución, dependiendo cuál sea ese cargo. Entonces, sería necesario el voto de dos tercios de los senadores y de los diputados para sacarla de su cargo.

Para llegar a la condena faltan varios meses. La expectativa del TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, es dar a conocer el veredicto antes de fin de año.

   El juicio se retomará el 5 de septiembre con los alegatos de las defensas. Está previsto que haya unas 30 audiencias antes de la sentencia. Cada defensa tiene un máximo de tres días y si no los utiliza, avanza la defensa siguiente.

 Ayer, de manera sorpresiva, la Vicepresidenta anunció por las redes sociales que quería ampliar su indagatoria este martes. Sin embargo, por la tarde, el presidente del Tribunal Oral Federal 2 informó que no harían lugar al pedido y, de este modo, el juicio seguirá como estaba previsto.

 Durante nueve audiencias, los fiscales desplegaron decenas de pruebas para intentar demostrar que Cristina Kirchner cometió dos delitos: fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner pergeñó un armado ilegal para que el empresario Lázaro Báez reciba obra pública para Santa Cruz durante 12 años que en gran parte no terminó pero que cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas y que, así también, se defraudó al Estado nacional.

 Entre 2003 y 2015 las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz. Se trata del 78 por ciento de obras que se asignaron a esa provincia en ese período. Solo 27 de las obras se terminaron y las otras 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados.

El alegato de los fiscales estuvo sustentado con chats, documentos, y testimonios.

En el final, los funcionarios judiciales pidieron que la Vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión y a no poder ejercer más cargos públicos en su vida. A la hora de evaluar la pena, Luciani y Mola tuvieron en cuenta como agravantes la magnitud de los delitos cometidos, la extensión del daño, y el lucro personal buscado. También valoraron que tenía “un contexto socioeconómico favorable” y “la ausencia de motivos para incurrir en los delitos de los que se la acusa”.

   El fiscal Luciani además mencionó “el desprecio hacia la ciudadanía en general, hacia los ciudadanos de Santa Cruz en particular, y hacia los empleados que se quedaron en la calle”. Y destacó “la falta de arrepentimiento” de Cristina Kirchner por los cometidos los delitos.

“La democracia tiene una deuda en materia de corrupción (...) Sin Justicia, no hay orden ni paz social. Hoy más que nunca la sociedad reclama Justicia. Está en sus manos señores jueces que se siga banalizando la corrupción sistémica. Señores jueces, es corrupción o justicia”, lanzó Luciani a modo de súplica.

 El alegato de los fiscales tuvo efectos inmediatos dentro de la coalición de gobierno: Cristina Kirchner y Alberto Fernández volvieron a hablar y quedaron en encontrarse. (Infobae)