Con medidores en los pozos de agua, buscan terminar con los privilegios en los countries

El pasado martes 1 de noviembre, empezó el censo de aguas subterráneas, y se extenderá hasta el 31 de enero próximo. El objetivo es conocer cuántas veces está pinchando el acuífero y apunta al “consumo grosero de agua clandestina”, indicó el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia.

Sobre esto explicó que hace una semana vecinos de Atocha reclamaban por el agua, mientras que “al lado tienen los barrios que la roban”, por lo que es necesario “ejercer el poder de policía”.

Por otra parte, indicó que el lunes se avanzó en siete barrios privados con procesos sancionatorios, en uno de los cuales, Prado Ecovillage, no les permitieron entrar. “El problema es que el capital va más delante de la autoridad pública”, dijo Saravia por FM Aries.

“Tenemos autoridades de los consorcios que hacen gremialismo barrial propiciando que se mantengan los privilegios. Ellos pagan $330 al Estado provincial por hectárea por año. Es decir que la casita de cada uno, de las personas con solvencia, pagan 3, 4 pesos a la Provincia por el agua por mes”, dijo.

“Esto mientras en el barrio Solidaridad, pagan $500 mil por mes, es una vergüenza”, agregó para finalizar e hizo hincapié en que lo que se busca es lograr la equidad.