Aclaran que el Comité contra la Tortura recibirá un 60% más de presupuesto

El Gobierno provincial puso en funcionamiento el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura en febrero de este año, tal como lo contempla la Ley N° 8024, sancionada en el 2017 y reglamentada un año después. El organismo contó con una partida presupuestaria de 10 millones de pesos, de la cual quedan alrededor de 2.400.000 millones de pesos sin utilizar.

Luego del reclamo de los integrantes del organismo, desde el Ejecutivo señalaron que los recursos destinados para los sueldos de los miembros del Comité contemplan otra partida presupuestaria, que también se verá incrementada para el próximo año.

Sumando el aumento de la partida destinada a recursos para el funcionamiento del área, más el aumento de la partida destinada a sueldos, el Comité dispondrá para el próximo año, un aumento del 60% aproximadamente.

Además, se debe mencionar que el Comité cuenta con un curso de acción específico, lo que significa contar una partida determinada para el área.

Su uso, al ser fondos públicos, debe cumplir con las exigencias de la ley de Contratación por la cual se rige la provincia.     

En este sentido, el organismo debe solicitar y detallar la utilización de esos recursos con la presentación de expedientes que deben figurar en el Sistema Centralizado de Expedientes (SICE), lo cual otorga transparencia a la utilización de los recursos del Estado.

Mayores recursos para profundizar acciones

Tal como lo contempla la Ley, el Comité tiene la función de monitorear los lugares de detención y la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad, haciendo recomendaciones a las autoridades provinciales, magistrados y funcionarios judiciales para la adopción de medidas especiales.

Con el incremento en la partida presupuestaria, el Gobierno provincial pone especial atención al trabajo del Comité que además planifica la elaboración de protocolos de actuación en base a la inspección de los establecimientos de detención.

Otro de los objetivos planteados en su creación, el organismo deberá trabajar de manera coordinada, complementaria y en cooperación con entidades públicas, estableciendo instancias de diálogo permanente.