Hoy asumieron los directores del organismo. La ley 8024 que establece la creación del Comité en Salta, fue sancionada en julio de 2017 y reglamentada en 2018. Previo al inicio de la pandemia se completaron las designaciones de los miembros que faltaban. Se eligió al representante de la Cámara de Diputados, Ramón Corregidor; y del Senado, Marcelo Robles como interino.
“Somos un gobierno que está dispuesto a que los derechos humanos se cumplan, independientemente del lugar y de la persona que sea. En este caso se trata de personas que se encuentran privadas de la libertad, que están en situación de encierro. Nuestra provincia ya había creado en el año 2017 el sistema para la prevención de la tortura pero todavía no se había puesto en marcha”, dijo el ministro de Gobierno, Ricardo Villada.
Con el de Salta, en el país sólo hay ocho comités contra la tortura. “Está compuesto por el IPIS, la Universidad Nacional de Salta, el Colegio de Abogados, entre otros organismos que van a tener la posibilidad de hacer todas las recomendaciones pertinentes. El Poder Judicial integra el comité Consultivo. El organismo tiene la función de hacer inspecciones, tomar entrevistas y formular las denuncias pertinentes. Van a hacer el seguimiento para que no se produzcan situaciones de violación de derechos”, indicó.
Uno de los casos más resonantes de torturas en cárceles de Salta fue en 2012, en Güemes. El hecho fue filmado y difundido por todo el país. En las imágenes se ve a efectivos de la Policía torturando a un grupo de detenidos.
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