En la "casa" donde estaba Villalba había una barra, luces bajas, música y juguetes sexuales
El intendente de Salvador Mazza estaba en una habitación con una mujer cuando llegó la Policía Federal para allanar el lugar. La casa, sin dudas, era un prostíbulo, dijo un alto funcionario nacional.
La Policía Federal irrumpió en una casa de un barrio salteño. En una de las habitaciones, junto a una mujer, estaba Carlos Villalba, el intendente de Salvador Mazza. Sorprendido por el allanamiento, el jefe municipal se encerró en un baño y se negó a salir. Acorralado, tuvo que abrir la puerta y pasar varias horas demorado, hasta que recuperó la libertad.
Más tarde, en una entrevista radial, Villalba dijo que había sido demorado en las cercanías del lugar. Luego corrigió y aseguró que estaba en una casa tomando cervezas con amigos, y que no sabía que allí había un prostíbulo.
"No había dudas de que se trataba de un prostíbulo privado", aseguró Silvio Manino Leal, titular de la delegación NOA del Ministerio de Seguridad de la Nación, quien confirmó a LA GACETA que Villalba estaba en una habitación con una mujer.
Ayer a la madrugada, la Policía Federal realizó siete allanamientos en la capital de Salta, dispuestos por el juez Federal de Salta Miguel Medina, en el marco de una investigación iniciada para desbaratar la presunta existencia de una red de trata de personas para explotación sexual.
Los allanamientos fueron realizados en los locales nocturnos "Perra Nostra", "Rumi" (ubicados en el macrocentro salteño), Quijote (en avenida Monseñor Tavella) y en un departamento privado ubicado en un barrio ubicado en las periferias de la ciudad, de acuerdo a la información proporcionada por Leal.
Además, fueron allanados tres domicilios particulares donde residirían los propietarios de los distintos prostíbulos. En "Perra Nostra" había 15 mujeres que ejercían la prostitución, nueve en "Rumi", ocho en "Quijote" y dos en el departamento privado. "Todas son mayores de edad y tienen en promedio entre 18 y 23 años", explicó Leal, quien estuvo a cargo del operativo.
Siete personas fueron detenidas (dos propietarios y cinco empleados de los prostíbulos) y otras siete fueron aprehendidas. Entre este último grupo, que recuperó su libertad a media mañana, se encontraba el intendente de Salvador Mazza.
El intendente
En el departamento privado en el que se encontraba Villalba, había señas claras de que había prostitución, explicó Leal. Se trata de una casa reciclada, ubicada en un barrio de clase media. En la planta baja había una barra con bebidas alcohólicas, luces bajas, música funcional. También fueron hallados 17 juguetes "sexuales", entre otros elementos. El intendente recuperó la libertad y partió hacia Salvador Mazza, ubicada en el límite con Bolivia. Después de muchas contradicciones en su relato, el intendente unificó su discurso. Dijo que había llegado a la casa en la que se encontraba al momento del allanamiento para compartir una cena con otras cuatro personas, y señaló que el lugar podría ser un prostíbulo, aunque aclaró no tenía certezas.
"En el lugar había mujeres y varones, y yo conocía a las chicas. Ninguna estaba con poca ropa. Una vez que me identificaron y realizaron la correspondiente averiguación de antecedentes, recuperé mi libertad", explicó Villalba.
La investigación de esta causa comenzó en dependencias de la Aduana del Paso de Sico, cuyo personal observó el tránsito frecuente de mujeres chilenas que serían trasladadas a los centros nocturnos. Luego se detectó que los establecimientos, a pesar de contar con habilitación para funcionar como bares o cabarets, no declararon empleados en relación de dependencia. A la vez, se comprobaron inconsistencias entre los ingresos declarados por los titulares, las acreditaciones bancarias, el patrimonio y los bienes por ellos adquiridos.
Del megaoperativo, participó la fundación María de los Ángeles, que dirige Susana Trimarco, junto con el Programa de Violencia de Género de la Municipalidad de Salta, y 70 efectivos de la Policía Federal. "Las mujeres rescatadas fueron trasladadas al refugio con el que cuenta el gobierno provincial, donde van a recibir asistencia psicológica, social y jurídica si así los desean", explicó la ministra de Derechos Humanos de Salta, María Pace.
Fuente: La Gaceta de Tucumán