Rechazan dilaciones de Romero en la causa por enriquecimiento ilícito

A través de dos resoluciones judiciales, el Tribunal de Impugnación rechazó en los últimos días, la nulidad de la imputación y la recusación de la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, en el marco de la causa que se le sigue al ex gobernador, Juan Carlos Romero, por el delito de enriquecimiento ilícito.La causa penal, por la cual se encuentra en trámite un pedido de desafuero contra el senador nacional, volvió a sus carriles. Al expediente se habría sumado nueva documentación respecto al delito que se imputa al ex gobernador.

De esta manera, y tras la contundente derrota electoral del 17 de mayo pasado, Romero se quedó ya sin excusa para no presentarse ante la justicia, pues desde que se inició la investigación penal por enriquecimiento ilícito, como otras más por distintos delitos de corrupción, Romero siempre adujo que las imputaciones se debían a que su candidatura ponía en riesgo la carrera política del actual gobernador reelecto, Juan Manuel Urtubey.

Como argumentos de los mismos, entre ellos la recusación de la fiscal Poma y la nulidad del decreto de imputación, la abogada, Andrea Astudillo Rizzi, defensora de Romero, alegó como principales argumentos cuestiones de neto corte político.

Al respecto, el juez de la Sala II del Tribunal de Impugnación, Pablo Arancibia, analizó los fundamentos de ambos planteos y decidió rechazarlos de plano.En cuanto a la recusación de la fiscal, la defensa del senador había mencionado que la misma actuaba bajo las órdenes del gobierno.

Sobre este asunto, el juez rechazó de plano los argumentos esgrimidos por la defensa de Romero, pues del análisis del caso “no se advierte beneficio alguno que comprometa o condiciones la objetividad” de la representante del Ministerio Público.

Imputación confirmada

En cuanto al pedido de la defensa de Romero para que se declare nula la imputación en contra de su cliente por el delito de enriquecimiento ilícito, Astudillo Rizzi volvió a insistir en que la acusación apuntaba a que el senador aparecía como una figura política que ponía en riesgo la intención del gobernador actual de lograr su tercer mandato.

La defensora cuestionó los considerandos del decreto de imputación, como así también que la nueva investigación violaba el principio de doble juzgamiento en contra de su cliente.

En un fallo, un poco más extenso, el magistrado realizó un pormenorizado análisis del delito de enriquecimiento ilícito y su vinculación con las causas penales anteriores abiertas en contra de Romero, llegando finalmente a la conclusión de que no existe ninguna irregularidad o falencia en la acusación abierta contra el ex gobernador.

Fuente: Nuevo Diario de Salta