En el marco del nuevo proyecto de decreto que propone modificar la Ley N° 24.901, que establece un nomenclador único para todos los servicios garantizados a poseedores del certificado único de discapacidad, las personas con discapacidad, familiares, organizaciones de la sociedad civil y profesionales que brindan servicios para integrantes del colectivo se movilizaron en distintos puntos del país. 

Salta participó de la movilización donde se unen varias entidades que luchan con frenar este decreto que impacta en el sistema de atención a las personas con discapacidad.

En dialogo con CNN Salta 94.7, la presidenta de la fundación Adinar, María Elena Arce expresó sus inquietudes acerca del proyecto. “Si se llegara a firmar este decreto desconocemos los costos de los servicios, al desregularse se aprovecharían para hacer el recorte en la integralidad de la ley y cada obra social tendría que financiarse los costos, si con la ley los padres tienen que realizar recursos de amparos imagínense desregulándola teniendo en cuenta el costo de vida, el precio del combustible, la mecánica, los seguros”.

“Lo cierto es que en nuestra institución alberga 160 niños y jóvenes y hay instituciones que tienen más de 300 personas, esta ley protege a los niños con discapacidad desde los 0 años de vida, es la lucha de más de 25 años de vigencia y con la desregulación volveríamos hace 30 años con el riesgo de que muchas personas se queden otra vez en hogares sin la atención adecuada”.

Por ultimo, resaltó el gasto familiar que cubre la ley. “El costo para una familia con un niño con discapacidad, está arriba de 10mil pesos la consulta, el tratamiento de un profesional está arriba de los 50mil pesos, imagínate un equipo terapéutico. Todo esto lo cubre estas prestaciones para un acompañamiento más adecuado”.