El Ministerio de Capital Humano le informó a la Sala II de la Cámara de Apelaciones Federal porteña que el miércoles 5 de junio expondrá de manera oral sus argumentos por los cuales apeló la resolución del juez Sebastián Casanello que le ordenaba a la cartera de Sandra Pettovello que presente un plan para la entrega inmediata de las cinco toneladas de alimentos que el gobierno tiene guardadas en dos depósitos.

La decisión del magistrado de primera instancia había sido apelada ayer por la subsecretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni. El juez imponía un plazo de 72 horas para que elabore un plan para la distribución de los alimentos secos destinados a ayuda social alojados en un depósito de la provincia de Buenos Aires y otro en Tucumán. También solicitaba “su ejecución de modo inmediato”. Además, dispuso un operativo para tener un detalle de todo lo almacenado.

El gobierno objetó esa decisión y se presentó en la Cámara Federal. El caso quedó a cargo de la Sala II del tribunal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, que convocaron a una audiencia para el próximo miércoles a los abogados de Capital Humano para escuchar sus argumentos. El gobierno tenía la opción de solicitar que la audiencia sea oral o presentar sus argumentos por escrito. Leila Gianni resolvió hacerlo de manera presencial. Quiere que su exposición sea escuchada por los magistrados.

En el escrito de apelación, la abogada expuso que la cuestión de cómo se distribuyen los recursos, en este caso alimentos que habían sido adquiridos por la administración anterior, es una “cuestión política no judiciable”. En la misma línea, desarrolló: “En este sentido, las cuestiones políticas constituyen una excepción por medio de la cual, los Tribunales se excluyen de conocer y decidir sobre determinadas cuestiones que, en la mayoría de los casos, implican una relevante importancia institucional, ya que de inmiscuirse el Poder Judicial en las mismas, se vería alterado el equilibrio y la independencia de poderes, consagrados en nuestra Constitución Nacional”.

El tercer fundamento de Capital Humano radica en una “falta de competencia e ilegalidad de la medida ordenada”, mientras que el último señala la “arbitrariedad de la medida ordenada”. En ese punto se indica que la resolución de Casanello también es “contradictoria”. En esta línea, expresa que el juez “se arroga facultades” que son propias del Ministerio.

Dentro de ese marco, Gianni recalcó que es una función del ministerio de Capital Humano decidir sobre la distribución de los alimentos. Asimismo, destaca la “potestad para desarrollar las políticas de alimentos, establecer las prioridades y determinar cuándo deben ser distribuidos y bajo qué circunstancias en función de las Leyes y Convenios Vigentes”. La Libertad Avanza también había argumentado que esos alimentos estaban preservados para situaciones de “catástrofe”.

La medida dispuesta por Casanello la dictó en la misma resolución en la que solicitó la declaración indagatoria de 23 dirigentes piqueteros por la presunta extorsión que realizaban sobre beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a quienes los amenazaban a que asistan a las marchas que realizaban organizaciones sociales, de lo contrario, perdía el plan social. Entre los principales imputados destacan el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni y su segundo, Jeremías Cantero.

Hoy el mismo magistrado ordenó la inhibición de bienes de Belliboni, que fue llamado a indagatoria para el 25 de junio. La decisión se concretó luego de que se sospechara del manejo de dinero de la organización a través de facturas truchas y gastos dibujados.

La decisión de Pettovello de cortar el suministro de alimentos secos a los comedores y merenderos comunitarios a través de las organizaciones sociales y piqueteras se tomó después que una serie de auditorías revelaran la supuesta existencia de “comedores fantasmas”, es decir que no existen, alguno de los cuales figuraban como recibiendo bolsones de comida.