Luego de dos maratónicas jornadas con los alegatos de cierre, se fijó la fecha del veredicto para el próximo martes en el juicio que se le sigue al exgobernador de Tucumán, José Alperovich, por abuso sexual reiterado contra su sobrina y excolaboradora personal. Así lo resolvió ayer el juez Juan Ramos Padilla, quien ese día se sentará en el recinto del Tribunal Oral Federal 29 para dar a conocer si considera culpable o inocente al imputado, quien antes tendrá la posibilidad de brindar sus últimas palabras.

El lunes pasado, en exposiciones de más de cinco horas cada una, el fiscal Sandro Abraldes pidió, entre otras sanciones, que se imponga una pena de 16 años y medio de prisión, mientras que los querellantes solicitaron una condena a 22 años para el exmandatario. Ayer, en otra jornada extensa, el abogado defensor reclamó la absolución de su cliente.

Alperovich está acusado de haber cometido entre nueve y diez delitos de tentativa de abuso, abuso simple y abuso agravado con acceso carnal en perjuicio de la hija de su primo hermano entre diciembre de 2017, ni bien ingresó la denunciante a trabajar como mano derecha del entonces senador nacional, y marzo de 2018. El juicio se inició el 5 de febrero y se llevaron a cabo 15 audiencias donde desfilaron casi 70 testigos y peritos.

Para los acusadores, los “accesos”, “tocamientos” y “situaciones indecorosas” se perpetraron en uno los departamentos del acusado en Puerto Madero; en su auto personal mientras viajaban a realizar visitas al interior de Tucumán en el marco de una campaña proselitista para competir contra Juan Manzur por la gobernación de 2019; en el búnker de Alperovich de la calle Martín Fierro de la capital provincial y en dos quintas de la localidad de Yerba Buena.

“Se puede afirmar, más allá de toda duda razonable, que José Jorge Alperovich es el autor de todos los hechos (...), que ocurrieron en diferentes domicilios ubicados tanto en esta ciudad como en San Miguel de Tucumán y en el vehículo de Alperovich. Para cometerlos, el imputado se valió de su enorme poder que detentaba a nivel laboral, familiar y político en toda la provincia. Él había sido elegido tres veces gobernador y era, para la época de los hechos, senador nacional y asesor ad honorem para la provincia”, expresó la querellante Carolina Cymerman al alegar en compañía de su colega Pablo Rovatti.

A su turno, el representante del Ministerio Público expresó: “Este juicio es un juicio de la impunidad del poder”, y precisó: “José Alperovich estuvo siempre ubicado arriba, en una posición de poder amplio, y F.L. muy por debajo, en un área de sometimiento. Por eso este juicio”.

El fiscal Abraldes señaló: “El acusado, cuando vio a la denunciante (por primera vez, en un evento político), decidió que debía sumarla a su equipo porque su belleza física le provocó un gran impacto. No la quería para trabajar con él, la quería para la cama”. Luego calificó al imputado de “caudillo”, “jerarca” y “patriarcal”, y remató: “El gran mandón puede hacer lo que quiere, cuando quiere. (...) Así es que la convirtió en un objeto de su placer sexual”.

Por su parte, el abogado del exgobernador defendió su inocencia y requirió su absolución al considerar que la denuncia era “falsa” y presentaba hechos que “está acreditado que no existieron”. Acusó a la denunciante de armar un relato “ilógico”, “incoherente” e “incompatible con el sentido común”. Y habló también de una “maniobra orquestada” por distintos opositores de Alperovich para erradicarlo de la arena política provincial.

La defensa, además de rechazar la existencia de todos los hechos, abonó la teoría de una “causa armada” esbozada por Alperovich durante su declaración del pasado 3 de junio. Para eso, deslizó sospechas respecto de la financiación de los pasacalles que salieron a la luz un día después de la carta que publicó la denunciante en noviembre de 2019 acusando de abuso a su tío segundo. Esos carteles, dijo, se vieron en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán y vinculaban al imputado con el actor Juan Darthes. En ese marco apuntó contra el actual diputado nacional Carlos Cisneros, reconocido adversario político del exgobernador en su provincia.

Además de las penas de prisión, los acusadores pidieron la detención preventiva del exsenador para el caso en que resulte condenatorio el veredicto. El fiscal solicitó a su vez una indemnización para la denunciante y la inhibición general de bienes del imputado, quien desde el lunes cuenta, por solicitud de Abraldes y de los querellantes, con una custodia policial para “conjurar” riesgos de fuga y asegurar, así, su presencia en el tribunal porteño ubicado en la calle Paraguay al 1536. Será el juez el encargado de definir, el martes a las 13, la procedencia de todas las medidas.