Diputados: acuerdan votar la Ley Bases como salió del Senado e insistir con la restitución de Ganancias y Bienes Personales

El Gobierno y los bloques de oposición dialoguista alcanzaron esta tarde un acuerdo para darle punto final, tras seis meses de debate, al trámite para sancionar los proyectos de Ley de Bases y de reformas fiscales. Ese acuerdo consiste, en términos generales, en que la Cámara de Diputados aceptará las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto de Ley Bases pero insistirá en restituir el impuesto a las Ganancias y el régimen de Bienes Personales tal como se votó en la media sanción original del paquete fiscal.

Este acuerdo, que se tradujo en sendos dictámenes de mayoría, se cristalizó durante una reunión entre el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, y los representantes de los bloques de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. La intención del oficialismo es llevarlos al recinto de la Cámara baja pasado mañana, a las 12.

El dictamen de reformas fiscales obtuvo 27 firmas en la Comisión de Presupuesto, de las cuales cuatro fueron en disidencia. Esos reparos tienen que ver, sobre todo, con la restitución del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, que impactará en los sueldos a partir de $1,8 millones (solteros) y de $2,2 millones (casados con dos hijos). Este capítulo había sido rechazado por el Senado y su reposición, advirtieron desde el kirchnerismo, será causal de judicialización.

Ante la perspectiva de una votación demasiado ajustada en el recinto, el oficialismo encendió las alarmas y busca disuadir a quienes todavía tienen reparos en votar por segunda vez este impuesto por su costo político. Al menos cuatro diputados radicales que votaron en contra revisarían su posición; otros se abstendrán y no faltarán quienes se ausenten del recinto discretamente para garantizar su aprobación.

Más holgada sería la votación sobre el impuesto a los Bienes Personales, también rechazado por el Senado. La media sanción original propone una reducción en los alcances del tributo -con una suba del mínimo no imponible y bajas en las alícuotas- con un propósito claro: incentivar el blanqueo de capitales, también contenido en el paquete de reformas fiscales.

Tras su paso por el Senado, que incorporó modificaciones a ambos proyectos, los textos retornaron para su trámite final a la Cámara de Diputados. Aquí los legisladores tienen dos opciones: aceptar los cambios incluidos por la Cámara revisora o bien insistir con los textos que votaron en abril pasado.

Sobre el proyecto de Ley de Bases, el oficialismo y los bloques dialoguistas acordaron aceptar las modificaciones incorporadas por los senadores. El dictamen obtuvo 66 firmas, también con disidencias. Los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no firmaron, como tampoco la socialista Mónica Fein.

Entre los cambios más significativos figura la exclusión de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la nómina de empresas a ser privatizadas. Esta decisión, sin embargo, no fue fácil de tomar. El Gobierno pretendía que la Cámara de Diputados insistiera en la privatización de estas tres compañías, pero debió desistir cuando el bloque Hacemos Coalición Federal, con una veintena de legisladores comandados por Miguel Pichetto, advirtió que esa jugada podía costarle la judicialización de toda la Ley Bases por parte del kirchnerismo.

El diputado Nicolás Massot replicó este argumento en la comisión: sostuvo que la Cámara de Diputados no tiene facultades para insistir en la privatización de estas tres empresas porque el oficialismo del Senado decidió retirarlo del tratamiento antes de la votación en general.

“Fueron excluidas [durante el debate en el Senado] por el propio gobierno de Javier Milei de la nómina de empresas a ser privatizadas: esto formó parte de un acuerdo para alcanzar el quorum en el Senado. Nosotros reivindicamos el valor de los acuerdos”, sostuvo Massot.

La bancada de Pro, sin embargo, se expresó a favor de privatizar estas tres empresas y, por ello, firmó en disidencia el dictamen. “El kirchnerismo fue el responsable de la estatización antijurídica y gravosa de Aerolíneas que lleva acumulado 7500 millones de dólares de pérdida”, asestó Silvana Giudici.

Con idénticos argumentos, un puñado de diputados radicales también firmaron el dictamen en disidencia, aunque la mayoría de la bancada, en el recinto, avalará lo que votó el Senado en este punto. De hecho, la exclusión de estas tres empresas había sido un requerimiento de los senadores radicales al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien debió acceder porque peligraba la aprobación en general de la Ley de Bases.

Cuando el proyecto retornó a la Cámara de Diputados, Francos pretendió desconocer lo acordado en el Senado, al igual que el jefe de la bancada radical Rodrigo De Loredo, partidario de la privatización de Aerolíneas. Sus diputados no lo aceptaron.

“Podemos tratar estas cuestiones después, una vez aprobada la Ley de Bases”, terció la diputada Karina Banfi, quien celebró el acuerdo alcanzado con el Gobierno más allá de estas diferencias. “En la situación crítica en que hoy se encuentra la Argentina, absolutamente deteriorada, lo que nos queda es resolver esto con más política y no con menos política”, dijo.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan López anticipó que su bancada también firmará en disidencia el dictamen. “Este producto legislativo es más razonable que el original [en alusión a la media sanción de Diputados]”, alegó, y fundamentó su disidencia en que su bancada no avala la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo.

En este capítulo -el de las facultades delegadas- el Senado logró excluir a una quincena de organismos y entidades vinculadas a la cultura de la posibilidad de que sean disueltas por el Poder Ejecutivo. Asimismo, la Cámara alta acotó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), concebido por el Gobierno para atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares; los senadores opositores limitaron su alcance a los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Además, incluyeron una cláusula para que se contemple un plan de desarrollo de proveedores locales.

Todas estas modificaciones, como también las que se incorporaron en el capítulo de modernización laboral, serán ratificadas por la Cámara de Diputados.

Paquete fiscal

Respecto del paquete de reformas fiscales, oficialismo y dialoguistas acordaron un dictamen mixto, en el que insisten parcialmente con lo que votó la Cámara de Diputados en lo que respecta a la restitución del impuesto a las Ganancias y el régimen de Bienes Personales. También insistirán en restablecer el artículo sobre gastos tributarios, el que exige al Poder Ejecutivo a incrementar los recursos públicos en hasta un 2% del PBI mediante la supresión o modificación de exenciones y gastos tributarios y de beneficios impositivos.

En el dictamen también aceptarán algunas modificaciones del Senado. Por caso las que retocan el capítulo sobre blanqueo de capitales, que permite regularizar bienes no declarados hasta cien mil dólares pagando arancel cero.

Los representantes de Unión por la Patria, encabezados por Germán Martínez, rechazaron el dictamen y auguraron que terminará judicializado. Sostienen que la Cámara de Diputados no tiene facultades para insistir en aquello que el Senado ha rechazado (aludiendo a los capítulos sobre Ganancias y Bienes Personales) ya que toda ley, según la Constitución Nacional, debe ser aprobada por ambas cámaras.

“Esta ley fue hecha a medida de un puñado de sectores económicos que se ven favorecidos por la discrecionalidad contenida en muchos de sus artículos. Una ley absolutamente viciada y arbitraria, con una enorme cantidad de visos de inconstitucionalidad por lo que seguramente su contenido será llevado a tribunales”, advirtió Martínez.

A su turno Vanesa Siley advirtió que el dictamen “es uno de los mayores mamarrachos jurídicos en la historia argentina” y sostuvo que esta ley “es el paraíso de la inseguridad jurídica y va a terminar en la Justicia, cosa penosa para el sistema político y el Congreso”.

Por su parte, la diputada Julia Strada embistió contra el régimen de Bienes Personales. “Milei nos llamó ‘degenerados fiscales’ a los que votamos un aumento en las jubilaciones. Por aumentar el 0,4% del PIB. Quienes voten esta reducción en el impuesto a los Bienes Personales, sepan que la recaudación va a perder 0,6 del PBI. No tiene sentido en una gestión que pretende alcanzar superávit fiscal reducir uno de los impuestos de mayor recaudación”, dijo. /La Nación