Pidieron la indagatoria de Nicolás Maduro en Argentina por delitos de lesa humanidad
El abogado Tomás Farini Duggan, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), pidió hoy que se cite a declaración indagatoria en la justicia argentina al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad.
La solicitud fue hecha ante el juez federal de Comodoro Py Sebastián Ramos tras las elecciones presidenciales de ayer en Venezuela que según el gobierno ganó Maduro y en las que la oposición denunció fraude.
En la causa se investigan distintos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela como secuestros, torturas y homicidios de dirigentes opositores. El juez Ramos ya le tomó declaración a una docena de testigos y libró pedidos de informes no solo a Venezuela, sino también a la Corte Penal Internacional y distintos organismos de derechos humanos.
La querella ya reclamó la indagatoria de Maduro “bajo apercibimiento de disponer su captura internacional en caso de no presentarse sin debida justificación”. El pedido de indagatoria se basa en tres informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que investigó casos de violaciones de derechos humanos desde 2014. Es una fuerza de observación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019.
El primero de los informes detalló casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y afirmó que altos funcionarios se encontrarían involucrados. Allí se sostiene que esos actos fueron cometidos por dos motivos: para mantener el poder del gobierno y para controlar el crimen común. Las víctimas eran activistas políticos y sociales de alto perfil público. Se documentaron casos de abuso sexual y torturas cometidas por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), cuerpo que en múltiples oportunidades se negó a liberar a los detenidos a pesar de tener órdenes para hacerlo.
Un segundo informe concluyó que el sistema de justicia sirvió para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos en el país. “La Misión tiene motivos razonables para creer que las juezas, jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositoras y opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial”, se afirma allí. De las 183 detenciones de personas opositoras o percibidas como tales ocurridas entre 2014 y 2021, 82 personas fueron presuntamente sometidas a tortura.
Con información de Infobae