Avanza nueva fórmula de actualización jubilatoria en el Congreso: qué establece

A pesar de los intentos del Gobierno para modificar el proyecto de recomposición de jubilaciones con media sanción de Diputados y morigerarlo, el bloque de la UCR se dividió y fue la llave para imponer el texto tal como vino de la Cámara Baja.

Ahora la intención es tratarlo en el recinto en la sesión prevista para el próximo jueves y ronda la posibilidad del veto que prometió el presidente Javier Milei.

 Después de un breve debate, el plenario de comisiones de Asuntos Previsionales y Presupuesto pasó a la firma los proyectos y el texto original se impuso como dictamen de mayoría con 18 firmas: además de Unión por la Patria, lo firmaron los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco -que firmaron en disidencia parcial- y el santacruceño José Carambia.

 Las firmas

El jefe de la bancada de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, y el chaqueño Víctor Zimmermann -ambos que responden a gobernadores- firmaron el dictamen del oficialismo, aunque en disidencia.

 La decisión la terminaron de tomar a último momento. De hecho, la presidenta del plenario, Carmen Álvarez Rivero, anunció que pasaban a la firma los dictámenes, el bloque radical se levantó y se fue al salón Eva Perón a deliberar que hacían, publica Clarín.

 Con el transcurso de las horas se fueron sumando otras firmas. El radical pampeano Daniel Kroneberger aseguró a Clarín que firmó luego el texto que vino de Diputados, también en disidencia parcial. El otro correligionario que integró el plenario, Flavio Fama, también lo hizo después.

 Los federales Carlos Espínola, de Corrientes, y la rionegrina, Mónica Silva, en cambio, no firmaron al momento ninguno de los dos textos. Como ya se alcanzó el dictamen tampoco tienen obligación de hacerlo.

Qué plantea la ley y qué puede cambiar

La media sanción aprobada en Diputados plantea actualizaciones mensuales por inflación -como rige ahora por DNU- pero agrega una recomposición extra de 8,1% que se sumaría a la del 12% que ya dio el Gobierno para alcanzar a compensar el 20,6% que fue el registro del IPC en enero, el más alto del año.

 Pero, además, la iniciativa establece una actualización anual -en marzo de cada año- en base al incremento de salarios (RIPTE); y la obligación para el Ejecutivo de saldar las deudas con las cajas previsionales de las provincias y las sentencias firmes.

Pedidos del oficialismo

El oficialismo pedía eliminar estos dos últimos puntos. "Para poner en dimensión: que se resuelvan las sentencias y cajas provinciales este año implicaría que el Estado no tenga superávit. Que tenga déficit y tenga que salir a emitir deuda", había asegurado en la última reunión el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

También solicitaban incorporar una modificación clave para que el pago de la actualización del 8,1% se haga efectivo a partir de la sanción de la ley y no retroactivo a abril, como fija el proyecto original.

Este último punto es uno de los motivos por los que Zimmerman y Vischi firmaron en disidencia. Le piden un esfuerzo al Gobierno para que se mantenga la fecha desde abril. La UCR tiene 13 senadores en total y la forma en que se dividan a la hora de la votación en el recinto será determinante para definir qué proyecto termina aprobándose.

La presidenta del plenario, Carmen Alvarez Rivero, había dicho que la idea era llevar el tema al recinto el jueves que viene. Si no lo hacen, el kirchnerismo no descarta pedir una sesión especial.

 Posible veto

Si la media sanción de Diputados termina convirtiéndose en ley la decisión final la tendrá el Ejecutivo. Milei ya había adelantado que no le iba a temblar la mano para vetar lo que considere un gasto excesivo.

“No entregaré el déficit cero. Una parte del Congreso muestra una vocación sistemática por destruir el equilibrio fiscal, lo cual conlleva a la pérdida de valor de los bonos y con ello suba el riesgo país y la tasa de interés”, había declarado.

Guberman había apuntado que si se aprueba el proyecto de Diputados el impacto sería de 1 punto de gasto adicional del PBI para lo que queda del año y de 1,2 % para 2025. En caso de que el Presidente vete la eventual ley, habrá que ver si la oposición en el Congreso tiene los votos para ratificarla.