Ya son siete los condenados por un secuestro extorsivo vinculado al narcotráfico
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó ayer a penas de 11 y 13 años de prisión a otros cuatro imputados por el secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes de un hombre que cumplía prisión domiciliaria por una condena por narcotráfico cuando fue capturado, torturado y liberado en un operativo policial sin que se pagara el dinero o las drogas que exigían por su rescate.
Los jueces Federico Santiago Díaz (presidente), Marta Liliana Snopek y Marcelo Juárez Almaraz, le impusieron 13 años de prisión a Carlos Gustavo Lozano Tolaba y Daniel Cáceres Llanos, como coautores del secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes, que tuvo como víctima a Héctor Ismael Herrera.
Por la misma calificación legal, también condenaron, pero a 11 años de cárcel, a Cristian Adán Martínez y Emanuel Yamil Arjona.
Por el caso ya son siete los condenados, ya que estas cuatro penas se suman a las tres ya dictadas el 7 de agosto pasado, en el marco de un acuerdo pleno homologado en el juicio por este mismo tribunal.
En aquella audiencia, Roy Carlos Choque Aguirre recibió una pena de 11 años de prisión, mientras que Horacio Eric Chauqui y Micaela del Valle Riquelme, fueron condenados a 10 años, también en calidad de coautores del mismo secuestro extorsivo agravado.
La situación de Jaime Alberto Prudencio Ruiz, un octavo acusado incluido en el acuerdo pleno, quedó pendiente, pues el tribunal rechazó homologar la pena acordada en su caso, en función de una discrepancia planteada por la querella respecto a la calificación legal.
En tal sentido, el Área de Casos Complejos, a cargo del fiscal federal Toranzos, propuso para Ruiz una pena de 6 años como partícipe secundario, mientras que la querella, en representación de la víctima, consideró que su rol fue necesario, lo que fue convalidado por el tribunal. En vista de ello, la defensa de Ruiz interpuso impugnación, la que quedó a resolución de la Cámara Federal de Casación Penal.
La Hipótesis
La hipótesis fiscal sostiene que ya en territorio nacional, Choque Aguirre, oriundo de Bolivia, reclutó a Martínez, Chauqui, Arjona, Ruiz y Riquelme, quienes constituyeron la “pata local” de una organización criminal de carácter trasnacional y fuertemente vinculada al narcotráfico, tanto por la talla de los integrantes como por el móvil de la empresa delictiva.
La captura de Herrera se ejecutó el 3 de agosto de 2023, mientras la víctima compartía un asado con amigos en su casa, en el barrio Policial. Para ello, los acusados actuaron encapuchados, con armas y se presentaron como policías, pero no estaban uniformados.
Luego, la víctima fue trasladada a la vivienda del barrio Santa Rita II, donde le cubrieron la cabeza, la maniataron y luego comenzaron a golpearla, someterla a torturas y a exigirle a su familia que aparezca su tío para que entregue el dinero y la droga que presuntamente les debía.
Para lograr su cometido, y según lo exhibido en la audiencia, le enviaron por WhatsApp un video a la familia de Herrera en el que se veía a la víctima golpeada y el momento en que uno de los captores, con una pinza, le arrancaba la uña del dedo meñique de la mano derecha.
Pese a las amenazas para que no den aviso a la policía, los parientes llamaron al 911 y, a partir de allí, luego de una inicial intervención de la policía y la fiscalía provincial, el área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta encaminó las tareas investigativas en procura de rescatar a Herrera.
Posteriormente, y en función del aporte de un imputado colaborador, se ubicó la vivienda del barrio Santa Rita II donde Herrera estaba cautivo. La policía provincial irrumpió en la casa, redujo al resto de los acusados y la víctima fue hallada debajo de una cama, con gravísimas lesiones.