En el Senado avanzó la propuesta para sacarle los fueros a funcionarios, legisladores y magistrados
En la Cámara de Senadores se aprobó este jueves un proyecto que busca avanzar en la quita de fueros a funcionarios, legisladores y magistrados.
El Proyecto de Ley busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
El miembro informante de la propuesta fue el senador por Chicoana, Esteban D’Andrea, quien destacó que esta iniciativa “es una ley que viene a llevar claridad” a la sociedad sobre todo porque se deja en claro que todos son igual ante la ley.
“Esta ley viene a ratificar y a clarificar lo que ya es una realidad”
“Si hay un proceso penal va a ser juzgado de la misma manera que cualquier vecino. La inmunidad no es un impedimento para ser juzgado” agregó el legislador en su defensa y aseguró que “es necesaria la modificación”.
Por su parte el senador Walter Wayar destacó que “esta ley viene a ratificar y a clarificar lo que ya es una realidad”. “Cualquier funcionario con fueros debía ser juzgado como cualquier persona pero en algunos casos, la interpretación de jueces, no posibilitaba eso” agregó,
El senador por Cachi sostuvo que “en el común de la gente estaban las dudas de los privilegios por lo que esta es una ley que afianza que todos somos ciudadanos iguales ante la ley”.
La propuesta fue aprobaba por unanimidad y enviada a Diputados en revisión. Cabe recordar que la normativa marca que ante la existencia de una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario provincial o magistrado, sujetos a desafuero, remoción, juicio político o jurado de enjuiciamiento, la justicia podrá efectuar todos los actos procesales que prevean las normas vigentes hasta la total conclusión del proceso, a excepción de aquellos que impliquen la detención o prisión.
"Cualquier funcionario con fueros debía ser juzgado como cualquier persona"
Aclara que en caso de dictarse alguna medida que afecte la libertad personal del legislador, funcionario o magistrado, la misma no se hará efectiva hasta tanto la autoridad que corresponde otorgue el desafuero, remoción, jury o juicio político.