Estafa en la ADP: “Más allá de la condena, las familias quieren recuperar el dinero”

Luego de que la justicia dictara una condena de seis años de prisión efectiva para Patricia Argañaraz, ex secretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP), y Ana María Cerezo, ex tesorera, como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas, los afectados por el fraude continúan buscando justicia.

El abogado Eduardo Romani, quien representa a 73 familias damnificadas, en CNN Salta, expresó que más allá de la condena penal, lo que más les interesa a los damnificados es recuperar el dinero que pagaron con el sueño de la casa propia. 

Sobre la condena, aseguró que "el resultado era casi cantado  porque fue muy evidente y muy grosero lo que se hizo". "Estamos contentos porque se hizo justicia, el daño fue muy grave, me parece correcto el fallo", sostuvo.  

Según Romani, algunas familias pagaron completamente sus terrenos, mientras que otras habían abonado parcial o totalmente las obras de construcción, especialmente en las zonas de San Luis y Cerrillos. Sin embargo, a medida que la situación avanzaba, muchos se dieron cuenta de la estafa y decidieron suspender los pagos. "El monto varía según el caso, pero algunas familias llegaron a pagar hasta tres millones de pesos".

"Nosotros necesitamos la reparación civil porque de nada sirve una condena, si no tenemos la real solución que es que las familias tengan su terreno" 

El letrado destacó que aunque la sentencia es un paso importante en el proceso, las víctimas siguen esperando respuestas a través de la vía civil. Aseguró que la situación es compleja, ya que el terreno que se había destinado a los planes de vivienda en Cerrillos aún pertenece a la ADP.

También indicó que la condena probablemente será apelada por la defensa de las acusadas, lo que podría alargar el proceso judicial.

Por su parte, expresó que, aunque la condena es un avance, los afectados no quedarán conformes hasta que la ADP asuma su responsabilidad civil y reponga los fondos que se les deben.

El abogado concluyó su intervención reafirmando que el gremio debe tomar cartas en el asunto y reparar el daño causado a sus afiliados, ya que los miembros de la ADP no solo son responsables de gestionar los fondos, sino también de proteger los intereses de los docentes que confiaron en ellos.