La causa por intimidación pública en redes sociales suma 3 imputados y la Fiscalía citaría a declarar al diputado nacional  Emiliano Estrada

La noticia que va tomando ribetes novelescos empieza a desentrañarse gracias al trabajo de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia quien viene ordenando una serie de medidas tendientes a dar con los responsables. Los imputados hasta el momento son: Alonso Javier Allemand, Florencia Arias Bustamante y Juan Marco Capisano.

Estas investigaciones van permitiendo conocer a los integrantes de estas organizaciones que lejos de generar información real o ejercer su derecho a la libre expresión, buscaban desacreditar mediante operaciones pagadas en redes sociales a quienes se proponían: empresarios, funcionarios y dirigentes políticos.

Para ellos generaban material altamente ofensivo y difamatorio y creaban páginas web y cuentas en redes sociales para llegar a una amplia audiencia, siempre de manera anónima.

Bajo el delito de Intimidación Pública, figura que contempla penas de 3 a 6 años de prisión, ya existen 3 personas imputadas, y en las próximas horas sería citado a declarar el diputado nacional Emiliano Estrada, apuntado como el cabecilla de una de estas estas organizaciones.

Allanamiento y testimonial clave

Previamente, y en el desarrollo de esta investigación en busca de pruebas y material que resultó contundente en la causa, la Fiscalía de Ciberdelincuencia procedió a fines de diciembre al allanamiento del domicilio de Alonso Javier Allemand, en Bº Parque Belgrano. Allí se secuestraron dispositivos electrónicos, informáticos y de  almacenamiento de datos, papeles, agendas y documentación.

A posterior, ya en su audiencia de imputación por el delito de Intimidación Pública en grado de Autor fue citado a declarar ante la misma Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, donde Alonso Javier Allemand, dijo ser de profesión diseñador gráfico, publicista y generador de contenidos. Y allí contó paso a paso como operaban:

Dijo que los pedidos de los videos fueron solicitados con un guión ya estructurado donde se le brindaban además las piezas gráficas, links de videos para descargar, links de noticias, explicando que no era él el autor de esos videos sino que se limitaba a editar los mismos en base a los guiones e imágenes que le eran brindadas. Explicó que todo ese material le llegaba a través de Florencia Arias Bustamante quien trabaja para Estrada.

Reconoció además que comenzó a trabajar con Emiliano Estrada en su campaña a gobernador y que al finalizar la misma le ofreció un contrato vigente hasta diciembre 2024, donde además de diseños de logotipos y otros trabajos, debió realizar ese tipo de videos, y que esto estaba incluido dentro del contrato que lo vinculaba al legislador nacional.

Expresó que para la difusión de ese material se usaban 6 cuentas de Tik Tok, aunque la administración de las mismas estaba en manos de Arias Bustamante.

Todo esto constituye un hecho casi sin precedentes a nivel nacional, donde el trabajo especializado permite descubrir a los generadores de Fake News, cuentas truchas en redes sociales y material intimidatorio en la previa a un año electoral.

Hasta el momento, como dijimos, los implicados son los mencionados Florencia Bustamante Arias y Alonso Javier Allemand que reconocen una relación directa y personal con el diputado nacional Emiliano Estrada. Como se puede ver en la web del Congreso, Florencia Bustamante Arias, es planta temporaria del Diputado Emiliano Estrada categoría A-3 y Alonso Javier Allemand categoría A-8, aunque este último habría renunciado una vez conocidos los hechos en los cuales está involucrado.

El otro imputado

Por el mismo delito de Intimidación Pública, la Fiscalía imputó a Juan Marco Capisano, hermano de la ex funcionaria municipal Valeria Capisano.

Juan Marco Capisano se reconoce como analista de ciberseguridad, analista de TI, administrador de redes y hacker. Fue funcionario en la Municipalidad de Salta entre los años 2022 y 2023.

Capisano en su declaración habría manifestado que a él le solicitaban realizar videos difamatorios, ofensivos y agraviantes que era dados a conocer de manera anónima y en cuentas truchas un señor de apellido Mena.

Los mismos tenían como destinatarios empresarios, dueños de medios y algunos dirigentes políticos.

Capisano habría manifestado que quien le daba las órdenes era un señor de apellido Mena, quien le encargaba esos videos y le dejaba en claro algunas directivas para realizar los mismos a cambio de $30.000 por video pero que luego dejó de cobrar.

En este caso algunos de los destinatarios fueron por ejemplo Mario Peña, de FM Aries; Solano Navarro dueño de Canal 10 o Simón Pérez Alsina, presidente de la Cámara de Minería. También involucró maliciosamente a intendentes y otros dirigentes políticos.