El Gobierno Nacional recorta fondos a investigaciones científicas también en Salta
El gobierno nacional, a través de la Resolución 10/2025, determinó recortar las investigaciones científicas que no se consideren "al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país". Esta medida prioriza áreas como la agroindustria, la minería y la economía del conocimiento, dejando de lado otras áreas de investigación.
La resolución, que fue firmada por Guillermo Francos, otorga amplias facultades a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para rescindir convenios e incluso exigir la devolución de fondos. Se establece que cualquier proyecto que no haya ejecutado más del 30% de su presupuesto será eliminado, independientemente de su relevancia científica o social.
Esta decisión generó preocupación en la comunidad científica y académica. María Rosa Chachagua, doctora en Comunicación e investigadora de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), declaró al Nuevo Diario que esta resolución implica la eliminación de investigaciones en las ciencias sociales en general. Además, señaló que este recorte se suma a otras medidas adoptadas el año pasado que evidencian un “avasallamiento sistemático sobre la educación pública”.
Chachagua informó que la Facultad de Humanidades de la UNSa cuenta actualmente con más de 60 proyectos de investigación del CIUNSa en ejecución, abarcando diversas áreas temáticas. En la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la cual es directora, existen 12 proyectos dirigidos por profesores, graduados y estudiantes, que además cuentan con el apoyo de becarios doctorales y posdoctorales del CONICET, de la Facultad y del Consejo Interuniversitario Nacional, entre otros.
Puntos clave de la Resolución 10/2025:
- Se priorizan investigaciones en agroindustria, minería y economía del conocimiento.
- Se recortan fondos a investigaciones que no se ajusten a los criterios del Plan Estratégico 2024-2025.
- La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene la potestad de rescindir convenios y exigir la devolución de fondos.
- Proyectos con menos del 30% de ejecución presupuestaria serán eliminados.
- Se prevé un fuerte impacto en las investigaciones de ciencias sociales y otras áreas no consideradas prioritarias.
Esta medida genera un debate sobre la dirección que está tomando la política científica en Argentina, centrada en la rentabilidad económica a corto plazo en detrimento de otras áreas del conocimiento consideradas fundamentales para el desarrollo social y cultural a largo plazo.