Dos fugas en 11 días reavivan el debate por detenidos en comisarías
En el transcurso de 11 días, dos presos se fugaron en el norte provincial, teniendo en común, no los delitos cometidos, sino que ambos se encontraban alojados en comisarias.
Esta fuga trae a debate nuevamente el sistema carcelario, por lo que se busca acciones desde el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Rodrigo Solá, quien preside este Comité, comentó a El Tribuno sobre la situación carcelaria: “La situación sigue siendo crítica en las comisarías y destacamentos policiales. Estuvimos toda la semana de monitoreo en el norte”.
Según datos, en marzo eran 55 las personas penadas que se encuentran alojadas en comisarías: “Tenemos que hacer el desglose a ver cuántas quedan. Nos dijeron que no hay, pero tenemos que revisar el drive que nos actualizan” comentó Solá.
La semana pasada, el Comité participó en una reunión donde se analizaron los acuerdos alcanzados en el marco del habeas corpus colectivo presentado ante la Corte de Justicia en agosto del año pasado.
En el acuerdo se trabaja sobre tres mesas, la sobrepoblación, infraestructura y sobre el trato a las personas detenidas. En la reunión se informó que descendió en unos 100 el número global de personas detenidas en comisarías y se presentaron los avances en expedientes en materia de infraestructura para aumentar la capacidad de alojamiento en cárceles y alcaldías.
Informó el presidente del Comité, que desde el Gobierno anticiparon que se llevan adelante los traslados de personas con prisión preventiva.
Sobre las fugas recientes, se conoce que la última tuvo lugar en la Comisaría 5 de Aguaray, donde julio Fernando Basualdo (21) cumplía una condena de cuatro años y tres meses por robo escapándose del lugar el 7 de julio tras limar uno de los barrotes. Mientras que el 26 de junio, en Salvador Mazza, Rolando Minchaca Tárraga (41), imputado por abuso sexual con acceso carnal, se encontraba detenido en la dependencia de Alto Verde.
La asesora legal del Comité, Tania Kiriaco, explicó que desde la presentación del habeas corpus, se llegó a un acuerdo entre los poderes para conformar una mesa de trabajo y elaborar una propuesta y solución para que los detenidos sean reubicados en los centros de detención, alcaldías, de acuerdo a las posibilidades.
Si bien muchas comisarías del interior continúan alojando personas, se concretaron traslados hacia la UC2 de Metán, la UC3 DE Orán y otras alcaldías, comentó Kiriaco.