Justicia19/12/2025

¡Cuidado! Así operaban los acusados de YOMIGT, la estafa piramidal que dejó más de 700 víctimas en Salta

Luego que se conociera que dos hombres fueron condenados por su participación en la estafa piramidal con criptoactivos YOMIGT, que afectó a 792 personas en la provincia, la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia reveló cómo los acusados captaban víctimas mediante un esquema cuidadosamente planificado.

Según la causa, los responsables iniciaban el contacto con las personas a través de mensajes de texto o llamadas de números desconocidos, a veces aparentando errores de envío para despertar la curiosidad. Luego, se hacían pasar por amigos, inversores exitosos o incluso posibles intereses románticos, manteniendo contacto constante para generar confianza.

“Un poco ingenuos son”, dijo Zunino sobre los estafados por Yomigt

Con el vínculo establecido, organizaban reuniones y eventos presenciales en hoteles lujosos, donde difundían material publicitario y presentaban la plataforma como un negocio legítimo de criptomonedas y arbitraje financiero. Prometían altas ganancias en plazos breves, alentando a los participantes a invertir dinero en YOMIGT.

La plataforma operaba como un fraude piramidal: dependía exclusivamente del ingreso de nuevos inversores para sostenerse y no contaba con autorización para funcionar en el país. Una vez que las víctimas habían transferido sumas importantes, los acusados desaparecían con los fondos, dejando pérdidas millonarias.

En este esquema, Lucas Javier Echazú Carrera fue identificado como el principal promotor en Salta, mientras que Facundo Marcelo Fernández colaboraba en la organización de eventos y en la captación de inversores, con pleno conocimiento del carácter engañoso de la plataforma.

Tras un juicio abreviado, la jueza Ada Guillermina Zunino condenó a Echazú a tres años de prisión condicional y a cumplir reglas de conducta por dos años, y a Fernández a un año de prisión condicional con igual cumplimiento de reglas de conducta. Además, se ordenó que los fondos incautados en pesos, dólares y criptoactivos sean destinados a la reparación económica de las víctimas.