Todo acerca del informe de ALEA sobre el juego en Argentina

La industria del juego argentino atraviesa una nueva fase de madurez regulatoria. La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de la Argentina (ALEA) difundió un estudio elaborado por la consultora Trends que reunió 5.166 encuestas en todo el país y ofrece la radiografía más reciente del sector.

Entre los hallazgos, se confirma que un 12% de los apostadores adultos juega con frecuencia, que la quiniela y las plataformas online encabezan las preferencias y que el 36% de quienes apuestan gasta entre AR$ 1.000 y AR$ 5.000 semanales.

Panorama nacional del juego en 2025

El nuevo informe de ALEA muestra que veinte de las 24 jurisdicciones tienen ya esquemas de licencias para casinos y apuestas a distancia, mientras se debate en el Congreso una ley federal de armonización fiscal. Entonces, seleccionar casinos online recomendados resulta clave para diferenciar las plataformas que cumplen con requisitos de identidad y KYC.

Uno de los elementos centrales de la campaña de transparencia es la extensión “.bet.ar”, habilitada por la Dirección Nacional de Registro de Dominios de Internet en 2021 y hoy promovida por ALEA como sello inequívoco de legalidad. Los operadores con permiso provincial y dominio “.bet.ar” pueden ofrecer juego remoto a residentes argentinos.

La doble modalidad, presencial y digital, también se establece. El estudio de ALEA subraya que 15% de los apostadores combina salones físicos con apps o sitios web, mientras 27% de quienes juegan online utiliza billeteras virtuales como medio de pago principal.

Esa adopción tecnológica se da en paralelo con la expansión del estándar “Transferencias 3.0”. El Banco Central registra 76 billeteras digitales interoperables y 42 aceptadores de pagos con QR, un gran salto frente a los 60 registrados apenas un año antes.

La preferencia adulta conserva rasgos tradicionales. La quiniela sigue en el podio gracias a su arraigo cultural y bajo costo de entrada. Pero las slots online y las apuestas deportivas atraen cada vez más al segmento de 18 a 49 años, que concentra el 43% de quienes declaran gastar dinero en la actividad.

Entre los mayores de 50 años, en cambio, la tasa se reduce a 28%, manteniéndose la presencialidad como hábito dominante. Aunque la percepción pública mejora cuando se expone la marca “.bet.ar”, persiste la confusión sobre la seguridad de las plataformas. Pero, la escalada digital llega acompañada de más control.

Córdoba otorgó sus primeras licencias en 2021, que empezaron a operar en 2024, y adoptó un impuesto único del 10% sobre el GGR para equiparar su régimen fiscal con el de Buenos Aires. Mientras tanto, se habla de proyectos para obligar a los operadores a exhibir las probabilidades de pago de cada juego en tiempo real.

El avance regulatorio se ve reflejado en la prensa especializada de Salta, donde se actualizan los requisitos sobre licencias provinciales y los indicios que permiten identificar sitios no autorizados. Finalmente, la dimensión económica no es menor.

Según estimaciones del informe, el juego legal, físico y online, generó en 2024 un aporte fiscal directo de millones, equivalentes al 0,3% del PBI, cifra que ALEA proyecta elevar un 12% interanual.

Percepción social y Agenda 2025 para un entorno seguro

El documento de ALEA concluye con un plan de acción que combina tecnología y regulación. La prioridad es consolidar el dominio “.bet.ar” como un pasaporte de los operadores. En segundo lugar, agilizar la denuncia y el bloqueo de IPs de páginas ilegales mediante acuerdos con proveedores de internet.

Hay también discusiones sobre un proyecto de ley que obligaría a todas las plataformas de apuestas, online u offline, a compartir en tiempo real sus bases de datos con la AFIP y la Unidad de Información Financiera, con el doble objetivo de prevenir lavado de dinero. El debate promete marcar la agenda política de cara a 2026.

Desde el 1 de diciembre de 2023 rige la Resolución UIF 194/2023, que actualizó, por primera vez en doce años, las exigencias de compliance para casinos físicos y plataformas online. Entre los cambios más sensibles figura el Reporte Sistemático Mensual (RSM).

Cada operador debe enviar a la Unidad de Información Financiera un detalle de todas las transacciones de premios o fichas que superen los 15 salarios mínimos vitales y móviles (hoy, ≈ AR$ 4,77 millones) e incorporar alertas automáticas para movimientos inusuales.

Ese flujo de datos se cruzará con los registros de la AFIP, de modo que, cuando el proyecto de ley antilavado llegue a sanción definitiva, la autoridad fiscal podrá recibir las operaciones en tiempo real y auditar el origen de los fondos sin esperar al cierre contable.

La norma también redefinió la figura de “Cliente”, ahora cualquier persona que participe presencial o en línea, aunque sea de forma ocasional, y pidió a los operadores implementar verificación biométrica.