¿Sirve la reforma laboral de Milei? El diagnósito que complejiza su debate

El Gobierno de Javier Milei se encamina a debatir la reforma laboral en las sesiones extraordinarias de este verano. Más allá de que la Casa Rosada promete más empleo y “modernización”, tres especialistas consultados por el portal MDZ advierten que la discusión es bastante más compleja que flexibilizar o no el mercado de trabajo.

Agustín Salvia y Eduardo Donza, sociólogos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y el abogado laboralista Javier Fernández Verstegen coinciden en que el régimen actual está agotado, pero difieren en el alcance y en las promesas que puede cumplir una reforma si no se toca el modelo productivo y las reglas de juego de largo plazo.

Un mercado laboral agotado y una reforma en disputa

Para Salvia, el gobierno “vino a desarmar un ciclo postconvertibilidad agotado”, basado en subsidios al consumo, déficit fiscal y endeudamiento. “Coincido en el diagnóstico, no sé si con la magnitud, y que lo que vino a hacer la política de ajuste es equilibrar las cuentas macroeconómicas sin todavía generar un nuevo modelo de crecimiento”.

Según su mirada, lo peor del shock ya pasó y el país entró en una etapa de estabilización “quizás no de gran reactivación, pero sí de leve recuperación”, con algo más de demanda de empleo. “Lo peor habría pasado. No creo que el empleo siga cayendo; va a haber cierta recuperación de la demanda de empleo”, sostiene, aunque sin prometer un “horizonte extraordinario de mejora social”.

Donza también reconoce el impacto de la baja de la inflación. Recuerda que tras la devaluación de 2023 “estimábamos cerca de un 52% de la población en situación de pobreza” y que, con la desaceleración de los precios, ese indicador cayó a alrededor del 35%. “Algo muy importante es haber bajado la inflación en una forma muy fuerte, que eso repercute en la calidad de vida de la población”, afirma.

Pero en el mercado de trabajo, advierte, la foto es otra: “El mercado de trabajo no se dinamizó. No se generaron más puestos de trabajo; al contrario, hubo pérdida de empleo en el sector público, reducción de personal en muchas pymes y más trabajo por cuenta propia y pluriempleo”. En síntesis: “La cantidad de personas ocupadas es la misma, con mayor esfuerzo de la población para llegar a un ingreso aceptable”.

¿Alcanza con flexibilizar?

En ese contexto, la pregunta que se impone es si hace falta una reforma laboral. Salvia es categórico en un punto: “Estas reformas a las que apunta el Gobierno tampoco son suficientes, pero son necesarias. Necesitamos un marco normativo de relaciones laborales distinto, en materia tributaria y de seguridad social, porque son sistemas que están agotados”.

Su crítica apunta al sesgo del esquema vigente: “Un marco normativo tan rígido como el de las relaciones laborales en Argentina solo atiende al 50% de la fuerza de trabajo y, diría, a menos: al 30% de la fuerza asalariada bien formal. Protege los derechos de esos segmentos, pero las mayores desigualdades no están entre empresarios y trabajadores, sino entre el trabajador protegido y el informal o cuentapropista vulnerable”.

Donza, en cambio, pone más énfasis en los límites de la propia herramienta. “No hay nada que nos asegure que con una flexibilización mejore la calidad del mercado de trabajo o la calidad de vida de la población. Puede darse o no puede darse”, señala, y recuerda la experiencia de los ‘90: “Se realizó una flexibilización y no se generaron muchos más puestos de trabajo”.

Tampoco cree que un esquema hiperprotector sea la solución: “El mercado de trabajo argentino es muy protector, pero tenemos un 35% de los asalariados que no están registrados y, si tomamos el total de ocupados, la mitad no participa del sistema de seguridad social. Eso lleva a decir que el mercado ya está flexibilizado de hecho”.

Para el investigador de la UCA, la discusión “es mucho más grave y compleja que flexibilizar o mantener los derechos”. “Pensar que una ley de empleo por sí sola va a generar mayor trabajo, sin que mejore la estructura productiva, me parece que no es lo más conveniente”, resume. “El problema central en Argentina es la estructura productiva, no los atributos de los trabajadores”.

Convenios colectivos y nuevas formas de empleo
Salvia cree que el corazón de la modernización debería estar en los convenios colectivos. “Necesitamos convenios colectivos que, por rama o actividad, actualicen las nuevas pautas de organización del trabajo, pero también que lo hagan por región, descentralizados”, plantea. No es lo mismo, ejemplifica, “la industria metalúrgica en Campana que en la Patagonia”, ni una terminal como Toyota que un taller mecánico de ruta.

La clave, insiste, es que esos acuerdos no sólo piensen en “quienes ya están afiliados y protegidos”, sino en cómo se incentiva la inversión, el desarrollo y la creación de empleo en los segmentos de baja calificación. “Hay que flexibilizar las relaciones laborales, sí, pero garantizando seguridad social y más creación de empleo. No se puede resolver todo en una reunión en el Ministerio de Trabajo entre cámaras nacionales y sindicatos; tiene que abrirse el juego al ámbito local”, propone.

Fernández Verstegen suma un enfoque jurídico, y argumenta que “la ley de contrato de trabajo tiene 50 años y se le han introducido parches. La actividad económica evolucionó y hay cuestiones sociológicas que los nuevos tiempos trajeron”. A su juicio, “la negociación colectiva es una herramienta fantástica pero hay que modificarla”, entre otras cosas con “unidades de negociación por empresas o por jurisdicción, siempre en el marco de mayor productividad”.

También reclama una mirada menos porteñocéntrica: “Tiene que haber un análisis federal de la cuestión, no desde el centro urbano del AMBA”, advierte. Y pone el foco en quién aplica las nuevas reglas: “Más allá de todos los actores que tienen que hacer un cambio cultural para implementar la reforma, va a ser clave el rol del Poder Judicial. No sólo la norma tiene que modificarse, sino quién la aplica”.

Salvia introduce, además, un frente que casi no aparece en el debate público: las nuevas formas de trabajo en plataformas. “Hoy tenés desde los Rappi, los Uber, nuevas formas de explotación laboral o de autoexplotación laboral que se supone que es libre comercio, pero en realidad lo que tenés es una explotación encubierta de trabajadores a través de la plataforma”, describe.

En ese terreno, cuestiona la idea de “formalizar” sólo con monotributo: “Está usando la categoría de darle formalidad a través de un instrumento tributario, pero no está resolviendo el problema de la formalidad a través de un instrumento laboral. No está reconociendo un vínculo laboral con la empresa que obtiene ganancias de su trabajo”, critica, y reclama nuevos contratos que combinen flexibilidad de ingreso y salida con protección y contribución empresaria.

Modelo productivo, empleo y límites de la ley
Donza baja la discusión al mapa de la producción. “En Argentina tenemos más o menos un 15% de ocupados en el sector público, sólo un 35% en un sector privado formal y la mitad en un sector privado informal”, repasa. Son “microempresas muy pequeñas, de baja productividad, trabajo por cuenta propia, cooperativas de economía popular”. En ese contexto, advierte, no alcanza con cambiar leyes: “No quiere decir que si flexibilizamos esos problemas van a desaparecer o que todas las pymes van a salir a contratar”.

El sociólogo asocia cualquier mejora duradera a políticas de Estado que fomenten inversión y producción: Vaca Muerta, el litio, infraestructura pendiente. “Nos vamos perdiendo oportunidades porque no tenemos políticas de Estado con respecto a la producción”, señala, y advierte que algo similar puede ocurrir con el boom del litio si no se ordena el marco regulatorio.

En cuanto al empleo joven y la mano de obra no calificada, admite que “tienen que ser legislaciones especiales, más facilitadoras del nuevo empleo”, con rebajas en contribuciones patronales. Pero advierte los riesgos: “Si la cantidad de puestos es la misma, le estamos diciendo a un adulto que está en menor posibilidad con respecto al joven, porque es más barato. No mejora en sí la estructura productiva, sólo cambiamos a quién tomamos”.

Otro punto de tensión es el tipo de crecimiento que viene. Donza recuerda que los sectores que hoy empujan el PBI (hidrocarburos, minería, agro de alta productividad, finanzas) son de capital intensivo, no de empleo intensivo. Al respecto, señala: “Vamos a ver que los indicadores macroeconómicos mejoran, pero eso no llega al bienestar de la población si no se generan más puestos de trabajo”. Y agrega: “Ese es el desenganche entre la macroeconomía y la calidad de vida de la población”.

Consenso político, justicia laboral y cambio cultural

Fernández Verstegen cree que hay un desafío de época. “Es necesario un cambio cultural. Seguimos mirando una matriz de producción antigua cuando el mundo nos pide otra cosa. Las nuevas generaciones te cambian todo y traen nuevos desafíos a la dinámica de las relaciones laborales”, señala.

Ese cambio cultural, subraya, no implica resignar derechos: “Hay que tomar en serio los nuevos cambios. Hay que regular sin perder las cuestiones protectorias”. A su juicio, “Argentina tiene un nivel de protección muy alto; el desafío está en mantener ese nivel de protección con una nueva matriz diversificada, como exige el mundo”.

Tanto el laboralista como los sociólogos ponene el foco más allá del próximo paquete de reformas. Fernández Verstegen lo sintetiza así: “Hay cuestiones clave, sobre todo dos cosas: el consenso y la perdurabilidad en el tiempo. Necesitamos proyectos de Estado para mantener las reformas, implementarlas y sostenerlas”. Donza, por su parte, reclama “políticas de Estado consensuadas con el sistema político, los empleadores, los grandes inversores y los formadores de precios”.

En ese cruce entre urgencias económicas y restricciones estructurales se jugará la suerte de la reforma laboral que propone Milei. Para los expertos, la discusión no es sólo cuán fácil será contratar o despedir, sino si la dirigencia será capaz de leer el nuevo mapa del trabajo argentino y construir reglas estables que combinen flexibilidad, protección y un modelo productivo capaz de generar empleo de calidad.