Caso de la mujer japonesa en Salta: Tras denunciar violencia, la Justicia autorizó su regreso a Japón con su hijo
La Justicia salteña autorizó a una joven ciudadana japonesa a salir del país y fijar residencia definitiva en Japón junto a su hijo de pocos meses, tras evaluar un contexto de violencia de género grave y sostenida, según lo publicó El Tribuno.
La resolución fue dictada el 10 de febrero por el Juzgado de Personas y Familia de 4ª Nominación, a cargo de la jueza María Mercedes Cabrera, quien hizo lugar a la solicitud presentada por la mujer para regresar a su país de origen con el niño, nacido en septiembre de 2025.
El fallo priorizó el interés superior del niño y ponderó la situación de vulnerabilidad de la madre, quien se encontraba sin red de contención en la provincia, con dificultades idiomáticas y atravesando hechos de violencia denunciados ante la Justicia.
Según consta en el expediente, la mujer llegó a la Argentina embarazada y dependía casi exclusivamente de su entonces pareja. En el marco de la causa se investigan hechos vinculados a violencia física, psicológica, sexual y económica.
El progenitor manifestó su conformidad con el traslado del menor, pero el Consulado japonés requirió una autorización judicial expresa para habilitar la salida del país y el cambio de residencia definitiva.
Durante el proceso intervino el Asesor de Incapaces, quien dictaminó favorablemente al pedido al considerar que la medida garantiza la protección integral del niño y su desarrollo en un entorno seguro.
La sentencia también impuso las costas del proceso al progenitor.
Con esta decisión, la mujer podrá trasladarse junto a su hijo a la prefectura de Chiba, en Japón, donde cuenta con apoyo familiar. Actualmente aguardan el envío de fondos desde ese país para concretar el regreso.
La abogada de la joven destacó que el objetivo fue resguardar el interés superior del menor y permitir que la madre pueda reconstruir su vida en un contexto de mayor seguridad y contención.
El caso tomó estado público tras la denuncia y la intervención de organismos de protección y del sistema judicial, que actuaron ante la gravedad de los hechos expuestos.