Tras el embargo, el abogado de Romero reconoció el enriquecimiento de su cliente

Resulta que tras la apertura de la causa, por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, el ex gobernador tejió su estrategia defensiva sobre la base de que la mansión de Castellanos, uno de los símbolos más evidentes de la fortuna del senador nacional, no le pertenecía.

Romero, en un descargo por escrito que presentó ante el Juzgado de Garantías 4, interviniente en la causa, sostuvo de manera literal que "la titularidad de dominio de los inmuebles detallados (dos terrenos sobre los cuales está edificada la mansión) no me corresponden sino que pertenecen a dos sociedades denominadas Lomas Balcón SA y JUCARO SA".

Respecto a estas dos sociedades, una de las cuales lleva sus iniciales, Romero no tuvo reparos en sostener que si bien es accionista de ambas empresas, nunca formó parte del directorio, por lo que no se le puede achacar las inversiones que ambas firmas realizaron, entre ellas la construcción de la mansión.

El distanciamiento, que Romero se encargó de tejer prolijamente, se fue por la borda el viernes pasado de la mano de su abogado defensor, quien en un reportaje publicado también por su diario reconoció que la decisión del juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino de embargar la mansión de Castellanos afecta directamente los intereses personales de su cliente.

Cuando todos esperaban que los directivos de las dos sociedades o bien sus asesores legales salieran al cruce de la orden de embargo, Guillén sorprendió con sus declaraciones, a través de las cuales reconoció que la propiedad no sólo pertenece a Romero sino que su cliente está preocupado por el avance de la Justicia sobre la fortuna que acumuló durante su paso por el Estado.

Guillén calificó el embargo preventivo de la mansión como una medida que perjudica a su cliente. "Una persecución inadmisible contra Romero", dijo el letrado, quien rechazó de plano la decisión del juez Rodríguez Pipino.

Según la resolución del juez Diego Rodríguez Pipino, serán embargadas dos propiedades de JUCARO SA y Lomas Balcón SA, en las cuales Romero, según un documento difundido por su entorno, tiene participación societaria, algo que el ex gobernador trató de ocultar en el descargo escrito que presentó en abril pasado.

Si bien Guillén aprovechó el reportaje para atacar al juez, la fiscalía y politizar el accionar de la Justicia, estrategia que -por cierto- puso en marcha desde que asumió la defensa de Romero, sorprendió al reconocer el vínculo patrimonial del ex gobernador con la mansión de Castellanos, la cual el senador nacional siempre ocultó, tanto en los papeles como físicamente.

La fiscalía

El pedido fue realizado por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, que oportunamente señaló que se formuló decreto de citación a audiencia de imputación en contra de Juan Carlos Romero, atribuyéndole provisionalmente el delito de enriquecimiento ilícito. Esto “toda vez que de la evidencia recogida surge que el investigado mediante personas interpuestas para disimularlo, habría obtenido un incremento patrimonial apreciable posterior a la asunción de su cargo como Gobernador de la Provincia". La fiscalía consideró que ese incremento patrimonial "aparecía como considerable e injustificado”.

Fuente: Nuevo Diario de Salta