Los casos Plumada y Niembro tienen parecidos en el accionar político de Romero y Macri
El escándalo del periodista deportivo y ex candidato a diputado nacional, Fernando Niembro, trajo al tapete las acusaciones contra Juan Carlos Romero, ex gobernador de Salta, por el caso de Plumada.
Al igual que el denominado caso Niembro, el ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, contrató sin licitación previa ni hacer un análisis de precios en el mercado local, los servicios de la empresa Plumada SA, a la cual benefició con el pago por adelantado de $3.113.000 por la digitalización de documentos del Complejo de Bibliotecas de la Provincia.
El pago de este dinero se hizo a meses de que Romero dejara el gobierno, operación que se concretó gracias a la complicidad de la ex ministra de Educación, María Ester Altube, el ex coordinador de Bibliotecas, Miguel Cáseres, el ex director administrativo, Diego Larran Solá y el propietario de Plumada S.A., Daniel Moreno.En diciembre del año 2013, el ex juez de transición 1, Esteban Dubois, ya jubilado, resolvió el procesamiento de estos ex funcionarios de Romero por “arreglar” la contratación millonaria en favor de Plumada S.A., una empresa sospechada de pertenecer al ex gobernador.
La acusación penal en contra de estos ex funcionarios, surgió de una nota periodística publicada por Nuevo Diario, en la que se reflejó las dudas de la Auditoría de la Provincia frente a una sospechosa y millonaria contratación que los acusados pretendían concretar entre la provincia y Plumada S.A.
La causa penal se abrió en abril de 2010 a instancia de una promoción penal impulsada por la fiscal penal, María Inés Loyola, quien acusó a Altube, Cáseres, Larrán Solá y Moreno por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, acusación por la cual el código penal prevé una pena de uno a seis años de prisión.
La causa tenía que ver con el pago de una suma de $3.113.000, correspondiente a un 30% de adelanto, por un servicio de digitalización de documentos históricos, para lo cual la empresa facturó el precio máximo.
Se puso en duda desde la fiscalía el hecho de que los ex funcionarios hayan recorrido los caminos legales y administrativos para dicha contratación, lo cual efectivamente luego se descubrió que fue así, tanto por la documentación reunida como por el reconocimiento de los imputados en sus declaraciones indagatorias.
Fuente: Nuevo Diario de Salta