La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) adelantó que el próximo lunes -o a más tardar el martes- se publicará la reglamentación de la parte del DNU 70/23 que habilita la libre elección de una obra social o prepaga por parte de los trabajadores, al quedar sin efecto determinadas ataduras que rigen hoy.
Entre los impedimentos que quedarían abolidos aparecen dos que son clave: el primero, el que obliga a triangular los aportes con una obra social a los trabajadores que quieren contar con los servicios de una prepaga. El segundo, el que exige a los trabajadores permanecer un año en la obra social que por su actividad les corresponde antes de acceder a la desregulación.
Tanto desde el Gobierno como desde las empresas de medicina privada consideran que el nuevo sistema podría redundar en un beneficio para los afiliados. La lógica, en principio, es que el dinero que hoy retienen las obras sociales sindicales que actúan de intermediarias pasaría a "pertenecer a los aportantes" en beneficio de la cuota que pagan.
La novedad de la reglamentación fue anticipada por Clarín este viernes y ahora fuentes de la SSS informaron que la publicación en el Boletín Oficial del decreto reglamentario, la semana próxima, ya dejará habilitada la posibilidad de elegir entre seguir realizando los aportes a través de una obra social o hacerlo directamente a la prepaga seleccionada.
La noticia fue celebrada por Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud, aunque prefirió ser cauto hasta ver la letra del decreto. Al ser consultado por este medio, cuestionó: “¿Por qué tienen que existir intermediarios si el dinero puede ir directo y bajar ese costo de intermediación?”. Ese costo es la suma del aporte del empleado más el del empleador, que en total ronda el 8 por ciento.
Sin embargo, realizar un traslado lineal de ese porcentaje a una posible reducción del costo de las cuotas que abonan los beneficiarios es algo cuyo real impacto aún está por verse. Sobre todo en un contexto inflacionario en el que las prepagas ya tuvieron incrementos del 40 por ciento en enero, al menos otro 20 por ciento en febrero y en el que las referencias de precios se desdibujan.
Otro elemento que podría atentar contra ese traslado del valor ahorrado al precio de la cuota es que el Gobierno anunció que por el mismo decreto reglamentario las empresas de medicina prepaga estarán obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución -cuyo objetivo principal es el reintegro de dinero a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos- “por el total de la cuota que reciben”. Es decir que se incrementará esa obligación.
Finalmente, un tercer elemento para engrosar la relativización de un eventual abaratamiento de las cuotas es, en el nuevo marco libertario, qué servicio se brindará por cada tarifa diferenciada. Con la incógnita, al cabo, de si la ausencia de intermediarios redundará en un beneficio palpable para el afiliado.
La respuesta de la SSS no despeja esa duda. Afirmaron que “estos cambios apuntan a terminar con las obras sociales que son sellos de goma y que sólo funcionan como cajas negras de la política. Esas que no dan prestaciones, sino que solo están en el medio para quedarse con algún porcentaje”.
Ese tipo de obra social sería el realmente perjudicado al quedar al borde de la extinción. En cambio, para las obras sociales que funcionan con sus afiliados y prestadores, la realidad no sería la misma. De hecho, al contrario de pronosticarse un potencial vaciamiento de la seguridad social, el aumento constante de las cuotas de las prepagas ya está derivando en que parte de los trabajadores se bajen y vuelvan a su obra social de origen, según manifestaron a Clarín referentes sindicales.
De todos modos, esos mismos gremialistas ponen a la vez de manifiesto el problema de un sistema que tenderá a dejar de ser solidario para perfilarse cada vez más desigual, con trabajadores jóvenes, sanos y de altos salarios aportando a las prepagas, mientras que los de menores ingresos -menores aportes- y de mayor edad probablemente sean los que queden dentro del universo de las obras sociales.
Belocopitt se atajó ante ese argumento, al manifestar que eso no es algo que tenga que ver con el DNU: “La desregulación del sistema de obras sociales existe desde el menemismo. Todo lo que sucede y pasa viene pasando desde hace 25 años. No existe pensar que se van a desfinanciar las obras sociales porque las prepagas vayan a competir en el segmento de la seguridad social. Si eso existiese ya funcionaría así hoy”.
La otra cuestión que no se les escapa a los sindicalistas es que en el trasfondo de esta decisión oficial aparece la puja política e ideológica del presidente Javier Milei con los gremios, que se profundizó aún más luego del paro nacional del 24 de enero y de la judicialización de la reforma laboral que el Gobierno imponer imponer mediante el mismo DNU. /Clarín
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