En medio del debate por por la nueva ley de Movilidad Jubilatoria, aprobada en el Senado y que el presidente Javier Milei aseguró que vetará, se conoció una alarmante cifra: más de 5 millones de jubilados y pensionados son pobres en Argentina. El dato se desprende de estimaciones realizadas por la Defensoría de la Tercera Edad.
Según la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de un jubilado rondaría los $800.000 mensuales, mientras que la jubilación mínima en agosto de 2024 fue de $225.497,54. Aún con el bono de $70.000, que eleva el ingreso a $295.000, continúa siendo un número muy por debajo de lo que se necesita en el país para cubrir los gastos básicos.
Ante ese escenario, gran parte de los abuelos debe recibir ayuda de los hijos u otros familiares.
Movilidad jubilatoria: qué dice el proyecto aprobado en Senadores y que el Gobierno asegura que vetará
La iniciativa legislativa que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria propone lo siguiente:
El haber mínimo no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor.
Un pago extra de 8,1 % para alcanzar el 20,6% de la inflación de enero.
La fórmula de movilidad quedará atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación, y a los salarios promediados en el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
La actualización se aplicará de manera semestral. Además, se establece un aumentos adicional una vez al año, en marzo, por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la inflación.
Las deudas de las cajas previsionales provinciales deberán ser canceladas por la ANSES o con fondos de impuestos nacionales, como el del cheque, PAÍS e IVA.