Femicidio en la cárcel: "Preocupa la negligencia estatal"

Tras el terrible e inexplicable suceso dentro de una celda del Penal de Villa las Rosas, donde una mujer de 18 años fue asesinada durante una visita íntima con un preso, quien era su pareja y padre de su hijo, se desató un debate obligado sobre los responsables de permitir éste desenlace.

 “En primer lugar resulta alarmante la falta de cuidados específicos en estos casos puntuales donde ya había antecedentes previos, no solo de violencia sino de femicidio también dentro de otra cárcel durante una visita íntima”, manifestó Alfonsina Morales a InformateSalta, presidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, en referencia a lo sucedido en Metán en el año 2006.

El Observatorio emitió un comunicado en donde expresa: “Se evidencia la falta de perspectiva de género a la hora de tomar decisiones quienes tienen la tarea de protegernos. Son muestras evidentes de las deficiencias estructurales que impiden garantizar respuestas efectivas e integrales por parte del Estado”.

En este sentido, Morales consideró que cuando se trata de violencia de género y femicidio no se pueden generalizar los casos sino que debe haber un seguimiento y un análisis real del riesgo. “Creo que no en todos los casos se debe restringir la visita íntima, pero tiene que haber una medición de los riesgos  ante la toma de decisiones, sobre todo de parte de quienes nos tienen que proteger”, dijo en InformateSalta.

Solicitud del Observatorio

El organismo emitió un comunicado a través del cual manifiestan una profunda consternación por lo sucedido y solicitan una reforma urgente en el  sistema carcelario en relación a los condenados por delitos de violencia de género y femicidio.

“Se debe avanzar en la investigación sobre todas las circunstancias que rodearon el hecho y revisar las responsabilidades Estatales que competan. Si bien el Poder Ejecutivo ha dispuesto medidas administrativas en el ámbito del penal, creemos firmemente que se debe sancionar el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos actuantes y exonerar a quienes no tomaron los recaudos suficientes para preservar la integridad física de mujeres en espacios donde funcionan instituciones del Estado.

Frente a cada nuevo hecho de violencia, cada nuevo femicidio el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar judicialmente los delitos cometidos, pero también la obligación de generar políticas públicas dirigidas a revertir los procesos estructurales de discriminación y violencia que sufren las mujeres.

Insistimos desde el OVcM en la necesidad urgente de un verdadero Plan integral provincial que aborde los recurrentes y graves episodios de violencia de género que sacuden a la provincia y la efectiva asignación de recursos presupuestarios para llevarlo adelante.”