Tal es el caso de un Proyecto de Declaración aprobado ayer en sesión ordinaria, donde dice que solicitan al PAMI gestiones para restituir el normal funcionamiento del Sanatorio Modelo.
Lo curioso es que a instancias del concejal radical Ángel Ortiz se sancionó la Declaración que establece: "Vería con agrado que las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados Filial Salta (PAMI), restituyan a sus afiliados el normal funcionamiento de los servicios profesionales prestados por el Sanatorio Modelo".
El PAMI tiene algunas clínicas de Salta donde sus afiliados se pueden atender, que forman parte de su lista de prestadores, y el Sanatorio Modelo es parte de ese listado. Aún a pesar de las numerosas quejas y críticas que tiene desde hace muchos años, que incluye denuncias. Esta situación se ve agravada porque uno de sus propietarios, el médico Víctor Canelada, es uno de los que se encuentra imputado por presuntas estafas al PAMI.
La iniciativa, que además fue aprobada de forma unánime por todos los concejales, se basa en la necesidad que los establecimientos de salud brinden sus servicios de forma adecuada, según indica la información. En los Considerandos del Proyecto se hace referencia al allanamiento judicial que se produjo en el mencionado sanatorio la semana pasada, así como a los casos de mala praxis de público conocimiento. Se consigna también que esta situación ocasionó que los jubilados y pensionados que son atendidos en el lugar, se vieran perjudicados ya que no pueden acceder a la realización de consultas y estudios clínicos por la carencia de médicos de cabecera.
Errores en el planteo
Según dijo a InformateSalta la titular del PAMI en Salta, Gladys Moisés, el Sanatorio Modelo jamás fue suspendido.
Por eso no se entiende lo que el concejal Ángel Ortiz pretende con su pedido, porque como queda visto, el sanatorio no está suspendido por el PAMI, y en todo caso, si se busca que se "brinden servicios de forma adecuada", debiera ser una exigencia al propio sanatorio, pero no al PAMI.
Además, al adjudicar supuestos perjuicios en la atención de consultas por carencia de médicos de cabecera, lo que en realidad ocurre es que hay un sólo médico de ese lugar, y justamente uno de los dueños, quien se encuentra involucrado en una denuncia judicial muy seria, implicado supuestamente en una estafa millonaria a este organismo nacional, es decir, dinero de todos los argentinos.
No obstante, y justamente para no afectar a los 1.200 pacientes que tienen a Canelada como médico de cabecera se queden sin atención, Moisés dispuso se levante la suspensión, mientras siguen las investigaciones judiciales.
Una falta de información muy llamativa para un representante del pueblo, que recibió además el apoyo de todos sus pares.
¿O será que el edil lo que busca es que la justicia no lo investigue para que pueda seguir atendiendo a los afiliados? En ese caso, debiera elevar un pedido a la Justicia, no al PAMI.
