Niegan un aumento en la recompensa por Gala Cancinos, pero ofrecen $1 millón por el militante del mortero

Con un criterio que cuesta entender, el ministerio que dirige Patricia Bullrich, volvió a estar en el ojo de la tormenta por una decisión que, según fuentes judiciales, deja mucho que desear, en especial para los familiares de la joven Constanza Gala Cancinos, quien se encuentra desaparecida desde 16 de mayo del año pasado.

Como se sabe, hace unas dos semanas se cumplió un año de la desaparición de la joven adolescente de 14 años. Según pudo conocer InformateSalta, la justicia solicitó a comienzos de este mes de manera oficial un incremento de la recompensa por datos que ayuden a dar con el paradero de la menor.

El planteo se realizó ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, cartera que tiene a su cargo todo lo relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas y el pago de recompensas, ya sea para casos como el de Gala Cancinos, como así también otras opciones, entre ellas la obtención de información que ayude al esclarecimiento de crímenes o la captura de delincuentes.

Aunque se especulaba con que la gestión sería sólo un trámite, en los últimos días fuentes ligadas a la investigación revelaron que desde el Gobierno Nacional mandaron a decir que no iban a poder aumentar la recompensa, actualmente es de 500 mil pesos, debido a la faltas de fondos.

La respuesta fue, en principio, entendida dada la situación de crisis que atraviesa el país. Tras esta negativa, sin embargo, el mismo ministerio sorprendió al anunciar el pago de una recompensa de un millón de pesos, el doble de lo que se ofrece por ayudar a encontrar a Gala Cancinos, por el militante que se hizo famoso al ser filmado cuando utilizada un “mortero casero” en una protesta en la zona de Congreso, el 18 de diciembre pasado.

Al conocer este ofrecimiento por Romero, quien incluso realizó una serie de planteos judiciales para mejorar su situación procesal, operadores de la justicia local se mostraron sorprendidos, como así también los familiares, puesto que la causa penal seguida contra este militante es por delitos que derivarán en una pena excarcelable.

La fiscal Alejandra Mangano, quien investiga este caso, imputó a Romero los delitos de “intimidación  pública” y “resistencia a la autoridad”. El caso se sustancia en la órbita del juzgado federal, a cargo del juez, Sergio Torres.

Incoherencia

Sucede que estos delitos, contemplados en los artículos 211 y 237, del Código Penal, establecen penas que van de 2 a 6 años de prisión y un mes a un año de cárcel respectivamente, por lo que Romero, una vez capturado, podría ganar la libertad provisoria en cuestión de horas o días.

Esto se deduce porque la libertad se decide sobre el mínimo de la escala penal imputada, la que en estos dos delitos es de un mes y dos años, montos que no sobrepasan los cinco años de prisión límite para la concesión de la libertad provisoria.

Por ello, los operadores de la justicia local no entienden por qué realizar semejante inversión para detener a un sujeto que luego podría ser rápidamente liberado, dada la calificación penal impuesta hasta el momento por la fiscalía.

En contra partida, en tanto, se rechazó la posibilidad de darle un mayor impulso a la búsqueda de una adolescente, quien desde hace más de un año es buscada intensamente por sus familiares, amigos, la policía y otros organismos civiles.

El ofrecimiento

Por medio de la Resolución 416/2018, publicada el 23 de mayo pasado en el Boletín Oficial  y con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , el gobierno nacional oficializó dicha recompensa.

El texto oficial del ofrecimiento de la recompensa dice que sobre Romero pesa una orden de captura nacional e internacional "por haber participado en las conductas violentas" el 18 de diciembre de 2017 en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires.

Asimismo, se señala que se ofrece "como recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de pesos un millón ($1.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con la aprehensión de Sebastián Rodrigo Romero, argentino, titular del D.N.I. N° 31.390.547, nacido el 29 de enero de 1985".

Además, se explica que "las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia al número de acceso rápido 134".

Contra la reforma

La figura de Romero, en la protesta contra la reforma previsional, trascendió cuando su foto se convirtió en una de las imágenes del día durante los enfrentamientos entre cientos de manifestantes  y agentes de Gendarmería y la Policía, que utilizaron gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma. Romero aparece con un pantalón gris, una remera roja, un pañuelo en el cuello y una especie de “mortero casero” en la mano, que apuntaba hacia los oficiales de seguridad.

Según se conoció, el 23 de abril pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Romero, quien a través de esta vía pretendía llevar su situación a otro nivel en la justicia penal.

Romero fue precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda en Santa Fe. Además de ser fotografiado, algunos medios alcanzaron a filmarlo en las inmediaciones del Congreso mientras disparaba el mortero durante la protesta que la oposición y manifestantes de izquierda realizaban en contra de la reforma previsional, revuelta que dejó numerosos heridos y grandes  destrozos.