El Gobierno advierte que la deportación de mil extranjeros “es una primera parte de un programa más extenso”

Con el tema de la inseguridad metido de lleno en la campaña electoral próxima a iniciarse, el Gobierno tiene tres temas en la primera agenda. Y uno de ellos, tal como anticipó Clarín, es la lista de 1000 extranjeros que podrían ser deportados próximamente.

Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este lunes que ese plan forma parte de un programa más extenso que será enviado al Congreso, y que incluye, entre otras cosas, la creación de una Cámara que acelere ese trámite.

 “Ya hay un listado de personas. Es una primera parte de un programa más extenso que será enviado al Congreso. Pero esto (la deportación de 1000 extranjeros) se va a hacer con la legislación existente”, contó.

En diálogo con radio Mitre, la funcionaria explicó que “el objetivo es que todo el que se radique en la Argentina lo haga para sentar su familia, sus bases, y no para venir a delinquir”. En ese sentido, advirtió que “en el último tiempo, sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de detenidos. Esto se reproduce también en tema motochorros”.

Respecto al proyecto que enviará el Ejecutivo al Congreso, Bullrich avaló la información que dio este diario al afirmar que “la idea es crear “una Cámara”. “El problema que hay es que primero hay un proceso administrativo y luego un proceso judicial. La idea es que pueda ser un trámite más expedito, más rápido”, explicó.

La ministra aclaró que el proceso de deportación “depende de Migraciones, del Ministerio del Interior”, pero que desde Seguridad están aportando “unidades de búsqueda”. “En algunos casos han pasado años y por eso hay que buscar a estas personas que están en el listado. No todas son personas con procesos penales, que están prófugos, sino que están retenidos por su condición de ilegalidad”, aseveró.

Los otros dos temas en materia de seguridad en los que el Gobierno está dispuesto a avanzar en este año electoral son la utilización de pistolas Taser por parte de las fuerzas de seguridad y la baja en la edad de imputabilidad de los menores a 15 años.

En el primer caso, Bullrich defendió la compra de ese material y minimizó las críticas que hicieron desde distintos sectores, quienes advirtieron que se trata de “elementos de tortura”.

 “Lo estamos pensando en aeropuertos y trenes pero no para manifestaciones, porque ya está probado que no sirve. El objetivo es generar un daño menor que un arma de fuego en lugares de aglomeración de gente. Con lo cual la discusión debería ser. ¿Qué prefiere el que critica, que ese policía tenga un arma de fuego como única capacidad de defensa o prefieren un arma sin capacidad letal que permita resolver el problema en ese momento?”, interpeló.

En referencia a la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil, que prevé la baja de la edad de imputabilidad a 15 años, la ministra valoró que “se ha trabajado más de dos años, con experiencias de todo el mundo” y que contó con la colaboración de “ONGs y los ministerios de Justicia, Seguridad y Desarrollo Social”.

 “Algo muy importante que va a cambiar radicalmente las condiciones de seguridad, y de futuro, es la creación de un régimen socioeducativo que hace que un menor que comete un delito, no importa la edad que tenga, sea de 8 o de 15 años, entre en un régimen de resarcimiento, de entendimiento de la conducta gravosa que le generó a la sociedad y a su familia. El objetivo es trabajar para impedir que ese joven siga y avance en la carrera delictual”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que si bien es un tema que hace años que se discute en Argentina, “nadie lo ha podido hacer, y este Gobierno tiene la firme convicción de avanzar”.

 “Arrancamos en los 15 años de imputabilidad pero sin años para el régimen socioeducativo. Esto es muy novedoso, porque a los chicos que generan robos o distintas conductas, la sociedad no los va a ver a los dos minutos en su casa. En la Argentina es un número manejable aunque va en aumento. El 7% de los delitos están cometidos por menores de 16 años”, concluyó.