#CasoThiago: Su abuela espera que fijen fecha de juicio
Ofelia Molina, abuela paterna del menor, se reunió con uno de los fiscales que entienden en la causa para interiorizarse de su estado. Manifestó su conformidad con lo actuado.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Paz, se reunió con Ofelia Molina, abuela paterna del menor de 4 años que falleciera cuando vivía junto a sus hermanitos en un hogar sustituto. El motivo de la reunión fue conocer el estado de la causa, ya que le preocupa que aún no haya llegado a juicio.
Paz le explicó que junto a los fiscales Rodrigo González Miralpeix y Ramiro Ramos Ossorio, hicieron en el mes de Mayo el requerimiento a juicio ante el Juzgado de Garantías 4, a cargo del juez Diego Rodríguez Pipino, para los padres sustitutos, un juez, tres psicólogas y un médico.
En su escrito, los fiscales solicitaron que Víctor Senise, un docente de 49 años y su pareja, Patricia Sánchez de 39, sean llevados a juicio por los delitos de homicidio simple en perjuicio de un menor de 4 años y por tentativa de homicidio de una niña de 8 años, quienes junto a otros dos hermanos estaban al cuidado de ambos acusados en el marco del programa Familia Cuidadora, dependiente de la Secretaría de Igualdad y Oportunidad del ex Ministerio de Derechos Humanos.
Los fiscales también requirieron juicio contra el juez Canavoso, quien había ordenado la entrega de los cuatro menores a Senise y Sánchez el 13 de diciembre de 2013 por entender que el magistrado cometió el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, contemplado por el Código Penal con una pena de inhabilitación especial de un meses a un año.
El requerimiento también alcanza a las psicólogas Lorena Recchiuto, Marina Vargas y Yaqueline Rosas del ex Ministerio de Derechos Humanos, contra quienes se requirió juicio por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
Sergio Alejandro Gonza, un médico de 40 años de actividad particular en tanto, es el séptimo imputado contra quien los fiscales requirieron juicio. En este caso, por el delito de falsedad ideológica, pues se sospecha que el profesional firmó certificados médicos que no se condicen con el estado de salud real que padecían las víctimas.
Ofelia Molina manifestó satisfacción con la reunión mantenida y con lo actuado y expresó su deseo de que a la brevedad se fije fecha para el debate oral y público contra los imputados.