Un nuevo impuesto afectaría unos 4.000 empleos en el NOA

El diputado nacional Diego Bossio presentó un proyecto de ley, titulado de "Alimentación Saludable", que dice perseguir el propósito de contribuir en la lucha contra la obesidad en general y la infantil en particular, pero sus instrumentos revelan que la iniciativa apenas si apunta a beneficiar a un sector económico y a una región específica en detrimento de otros, sin lograr impacto alguno en la mejora de la salud de la población.

En reiteradas oportunidades el Centro Azucarero Argentina (CAA) ha manifestado su preocupación por el flagelo de la obesidad y en la actualidad brinda su aporte en las conversaciones que la COPAL, cámara que nuclea a todas las industrias de la alimentación y las bebidas de la Argentina, mantiene con el Ministerio de Salud de la Nación por esta cuestión.

Lejos de ser innovadora y de contemplar los verdaderos orígenes de la patología que dice atacar, la iniciativa del diputado se nutre de los seis proyectos, varios con estado legislativo, presentados en los últimos tres años por legisladores mayoritariamente cuyanos e inspirados por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), cuyo principal y manifiesto objetivo es defender los intereses de la industria del vino.

Así, la propuesta del diputado de incrementar los Impuestos Internos de las bebidas gaseosas en 250% -que replica a las anteriores-, no persigue, en verdad, la intención de reducir la obesidad sino más bien la de generar fondos suficientes para subsidiar la introducción del mosto de uva como edulcorante sustituto en las mismas bebidas que grava. Como se ve, la COVIAR se ha embarcado en una persistente acción orientada a transferir los costos de esas ineficiencias al sector azucarero, disfrazándola con una supuesta intención de beneficiar la salud de la población, que mejor sería que canalizara a través de sus propios productos.

Por lo demás, puede afirmarse que la introducción del mosto en las gaseosas no favorecerá la disminución de la obesidad ya que en términos de calorías este producto, uva de baja calidad, es igual o superior a la fructosa, aunque cinco veces más caro que sus competidores; de allí la incansable búsqueda de los vitivinícolas de generar un fondo “a cuenta de otros” que permita al mosto abrirse paso en el mercado.

Perjuicio para el NOA

En los pocos países en los que han sido incrementados los impuestos a las bebidas gaseosas, los recursos generados son destinados a combatir el flagelo del sobrepeso. En cambio en el proyecto del diputado Bossio, así como en las anteriores versiones, el pretendido “impuestazo”, como lo califica el periodismo, irá a subsidiar la producción ineficiente de mosto a costa de actividades regionales más eficientes.

De concretarse esta norma, en el NOA producirá la pérdida de no menos de 4.000 puestos de trabajo y una reducción de ingresos de $2.000.000.000, más las pérdidas de empleos e ingresos en las empresas productoras de bebidas gaseosas y en otros importantes eslabones de la cadena productiva de bebidas y edulcorantes naturales.

Esto sin mencionar que el precio de las bebidas afectadas se incrementará al consumidor en un 40%, impactando principalmente en los bolsillos de la población de menores ingresos. Como los recursos generados se destinan al mosto el resto de las propuestas deberán financiarse con incrementos del gasto público.

Sobrepeso en el país

La cuestión del sobrepeso no se generó en nuestro país de la noche a la mañana, ni es resultado del incremento desmesurado del consumo de algún alimento, bebida o nutriente en el pasado próximo. En una publicación reciente de la FAO, organismo de la ONU, se informa que en los últimos 50 años el consumo diario de calorías per cápita se incrementó en la Argentina en tan solo 50 calorías, pasando de 3.100 a 3.150 calorías. Sin embargo en los últimos 20 o 25 años el sobrepeso casi se triplicó.

La OMS afirma que se trata de un problema multifactorial y que la solución no será alcanzada rápidamente. La lucha contra la obesidad debe constituirse en una Política de Estado y abarcar además de acuerdos con la industria de alimentos y bebidas, medidas en educación, promoción de la actividad física y combate a la pobreza ya que es en los sectores socieconómicos más rezagados donde se verifica mayor grado de concentración de sobrepeso y obesidad.

Frente a esta situación, los países con industrias desarrolladas de alimentos y bebidas actúan con mesura, pero también con determinación. Sus gobernantes, ejecutivos y parlamentarios, buscan primero acordar con los industriales caminos de adecuación de los alimentos, disminuyéndoles el contenido calórico, y sólo después, a la luz de los avances verificados, legislar.

En cambio algunos de nuestros legisladores quieren recorrer el camino inverso: primero legislar y después que se adecue la Industria de Alimentos y Bebidas, independientemente del efecto que la adecuación tenga sobre la obesidad, que es el objetivo buscado, el empleo o los precios.

Existe un antecedente en nuestro país que demuestra los frutos que da el partenariado público-privado: el de la reducción de sal en los alimentos.

La COPAL firmó un acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación para la reducción voluntaria de sal. Los resultados fueron muy exitosos y constituyen un ejemplo en toda América latina. Este es el camino que ahora, la industria en su conjunto a través de la COPAL, está recorriendo sin anuncios rimbombantes pero con un continuo trabajo coordinando con el Ministerio de Salud de la Nación.