Pacto Fiscal, un acuerdo que terminó con desencuentros en Diputados

Era la oportunidad para observar cómo funcionaría este nuevo cuerpo de legisladores compuesto por diputados que se encuentran en las filas del gobernador Juan Manuel Urtubey, otros que responden al frente de Cambiemos vinculado al gobierno nacional, más el Frente kirchnerista, la UCR y el Partido Obrero. 

En este  escenario se esperaba que el bloque del PJ y el bloque de Cambiemos aprobaran sin mucha discusión el acuerdo que previamente el gobernador Juan Manuel Urtubey y el presidente Mauricio Macri habían firmado en Buenos Aires. Sin embargo, una fuerte discusión se desató en la tarde noche de ayer en la Cámara de Diputados. 

El diputado por el PJ Mario Vilca resaltó la importancia de aprobar el proyecto, basándose en el contexto de la caída de recursos de la provincia que fueron consecuencias de políticas tomadas desde el gobierno nacional, lo que significó para Salta una disminución acumulada de 3 mil millones de pesos y 600 millones de pesos por el fondo de la soja en 2017.

“Desde el macrismo se propusieron reformas tributarias y laborales propias de la política de ajuste ideada por el gobierno nacional. Pero las consecuencias para quienes no adhirieran al Consenso Fiscal, debido a la dependencia de los fondos nacionales que existe, deja a las provincias sin otra alternativa”, dijo Vilca. 

En tanto, para el diputado Sergio Cisneros de la UCR el objetivo de todo este Consenso es no gastar más recursos de los que genera la provincia, aunque en varios aspectos se está afectando a los sectores más vulnerables.

Seguidamente, el diputado Santiago Godoy explicó que la actual crisis y el déficit económico de la provincia están muy relacionadas a las políticas implementadas por el presidente Mauricio Macri, que redujeron en $2 mil millones anuales el dinero percibe Salta, en beneficio de Buenos Aires y la Capital Federal.

“La tabla que modifica las alícuotas impositivas es una copia de la tabla que presentó el presidente y que los gobernadores no tuvieron otra alternativa que firmar”, dijo el legislador a la vez que aseguró que: “Salta no va a tocar ningún empleado y va a tratar que a ningún sector necesitado le pase nada. Si se recauda de más estos fondos son coparticipables, por lo cual se podrán distribuir entre los municipios para que paguen sus sueldos y aguinaldos”.

Así los diputados, dejaron entrever que el gobierno de Salta habría aceptado obligado por la situación política después de las elecciones y por la situación económica este consenso fiscal, cuando se habría manifestado por parte de Urtubey y Macri que se trabaja de un trabajo en conjunto para sacar a la Argentina adelante. 

Por su parte, el diputado Andrés Suriani remarcó que el Consenso Fiscal original contiene lineamientos para armonizar estructuras tributarias de forma tal de promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico. Pero que el gobierno provincial agregó en el artículo 2 cuestiones que nada tienen que ver con el acuerdo con Nación. 

“Estamos en una situación muy compleja y necesitamos trabajo, pero el artículo segundo enviado por el Ejecutivo demuestra las intenciones de implementar un tarifazo por parte del gobierno provincial”, declaró el legislador.

Coincidiendo con su compañero de Bloque, el diputado Martín De Los Ríos cuestionó que sus colegas intentaran justificar un impuestazo por parte del gobierno provincial ya que el Pacto Fiscal no busca un aumento en las alícuotas de las diferentes actividades.

El diputado Dionel Ávalos consideró que en la provincia y en la nación se realiza una mala praxis en cuestiones políticas y económicas. “Exceptuamos a las grandes mineras, a los productores de soja y los ganaderos de las presiones impositivas, mientras que a los que menos tienen se les aplica un fuerte ajuste económico”, dijo el legislador.

Ávalos confirmó su rechazo al proyecto argumentando que sería votar en contra de la necesidad de los salteños; como así también criticó las medidas contra las Cooperadoras Asistenciales, el aumento de servicios y la compra de energías a Chile, en lugar de fomentar el trabajo en la provincia.

En tanto quienes se mostraron totalmente en oposición fueron el Frente kirchnerista y el Partido Obrero.

El diputado Ramón Villa explicó la negativa al apoyo del Proyecto del Bloque del Partido de la Victoria al tratarse de una medida que impacta fuertemente en lo más vulnerables.  “Necesitamos la construcción de una Nación federal que responda al interés de nuestro pueblo por lo que cada uno de los legisladores debe hacerse cargo de lo que apoya, en perjuicio de algunos y en beneficio de otros”, declaró el legislador.

Coincidiendo con Villa, la diputada Isabel De Vita expresó la preocupación de las Pymes por el aumento de las alícuotas que perjudicaría notoriamente su economía.   

Por su parte, diputado Claudio Del Plá manifestó que el oficialismo presentó el proyecto como una extorsión al gobernador Juan Manuel Urtubey, victimizándolo cuando es un gran precursor de esta situación económica al igual que el Gobierno Nacional.

“Pensaron erróneamente que se cumpliría una de las grandes mentiras del neoliberalismo, la cual señala que si le quitaban impuestos al capitalista, éste crece más y las economías crecen y todos salen beneficiados, cosa que la historia demostró que no es así”, declaró el legislador.

Del Plá explicó que se incrementará el valor fiscal del impuesto inmobiliario a los propietarios de vivienda única, habrá encarecimiento del costo de vida de los trabajadores y la quita de subsidios de los servicios públicos para compensar todas las eximiciones económicas a las empresas capitalistas. 

Finalmente, diputados con simpatía al Gobierno Nacional no estuvieron de acuerdo con la forma de implementación del consenso fiscal en Salta, justicialistas se colocaron en el papel de víctimas por la situación económica que atraviesa el país y la provincia (cuando ni el Jefe de Gabinete ni el Ministro de Economía dieron informes sobre tal situación) y el sector de izquierda condenó a ambas partes por seguir castigando a la ciudadanía.

 El proyecto fue aprobado en general con 31 votos a favor y 21 en contra. Pasó al Senado en revisión.