Justicia23/03/2018

Detuvieron al hijo del diputado Pedro Sández, por robo de ganado

Néstor Rodolfo Palomino, conocido como “Negro Ino”, se entregó en las últimas horas, tras permanecer prófugo durante semanas. Además abrieron sumario administrativo contra el fiscal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, hijo del senador Ernesto Gómez.

La detención fue pedida por el fiscal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, quien reemplaza a su par Gonzalo Gómez Amado en el caso; y la ordenó el juez de garantías de Anta, Héctor Sebastián Guzmán.

Palomino está acusado de robo de ganado, un delito no excarcelable, que según el Código Penal tiene un mínimo de cuatro años de prisión.

Néstor Rodolfo Palomino, quien también habría entorpecido la investigación al esconder su vehículo, entre otras cosas, y que según se desprende del escrito del Jefe de los Fiscales, habría sido amparado por el fiscal Gómez Amado.

Ese fiscal se excusó en esta causa por enemistad manifiesta con el abogado Diego Protti, por las declaraciones periodísticas hechas en FM Profesional el 20 de febrero pasado, cuando el abogado de la Fundación Ganaderos del Sur, Diego Protti admitió que somos “conscientes de que litigamos ante una doble protección”.

Es que la entidad litiga contra el hijo del diputado Pedro Sández, acusado de liderar una banda de cuatreros; y contra el hoy sumariado fiscal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, hijo del senador Ernesto "Pata" Gómez.

Fiscal sumariado

El procurador general de la Provincia Pablo López Viñals ordenó un sumario administrativo contra el fiscal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, hijo del senador Ernesto Gómez.

Lo hizo por su actuación en una causa en la que no pidió la detención del hijo del diputado Pedro Sández, Néstor Palomino, conocido como el "Negro Ino". El jefe de los fiscales cuestiona que no haya pedido la detención del sujeto, a pesar de la escala penal prevista para el delito que se le imputó.

Sostiene el documento firmado por López Viñals que “teniendo presente la falta de consideración del magistrado de la escala penal del delito que se investiga al momento de valorar la aplicación de una medida restrictiva de la libertad; extráiganse copias de las actuaciones a los fines previsto por los Artículos 70 y subsiguientes de la Ley 7328 y 112 y siguientes del Reglamento General del Ministerio Público”.