Crece el rechazo a la ley de abastecimiento
El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, aseguró que el proyecto es inconstitucional y busca legalizar las prácticas que llevaba a cabo Guillermo Moreno.
José Urtubey, vicepresidente de la UIA, aseguró que el proyecto de abastecimiento propuesto por el gobierno es un avance sobre la iniciativa privada, que otorga al secretario de Comercio la potestad de manejar la producción o fijar los precios máximos.
Sin embargo, explicó que el camino indicado es trabajar en las comisiones del Congreso para evitar que la ley se convierta en la "legalización de las prácticas que llevaba a cabo Guillermo Moreno".
Un sector de los industriales, en tanto, propuso plantear la inconstitucionalidad de la normativa pero no fue aceptado debido a que habría que esperar que la sanción este firme.
Por otro lado, Segio Massa criticó al gobierno por intentar imitar las políticas de Estado de Venezuela, que intervienen de punta a punta la cadena de producción.
El dirigente del Frente Renovador aclaró que no es tiempo para obstaculizar la actividad privada ya que no tiene que ver con las funciones del Estado. "Es el momento de acercarse a las empresas, no de pelearse con ellas", agregó.
El rechazo se hizo oír también en organizaciones empresarias, quienes manifestaron que el proyecto constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas.
Además detallaron que la medida es claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad de ejercer toda industria lícita, que está garantizado en la Constitución.
La Sociedad Rural Argentina y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) manifestaron que el proyecto sólo profundizará la caída de la producción, la inversión y el empleo.
Asimismo destacaron que la medida no sólo resulta contraria al derecho sino que en nada ayudan a generar un buen clima de negocios, condición básica necesaria para promover inversiones".
La Industria aseguró que no permitirán la creación de un "observatorio de precios" que brinde superpoderes a la Secretaría de Comercio.
Fuente: La Nación